Amnistía Internacional ha avisado que la capital de Camboya, Nom Pen, podría convertirse en el escenario de una crisis humanitaria inminente por la negligente y «irracional» distribución de la ayuda que las autoridades están intentando repartir a casi 300.000 residentes en los focos de coronavirus, y que va acompañada de amenazas contra los vecinos que se manifiestan contra esta situación.
Ahora mismo viven en las llamadas ‘zonas rojas’ de Nom Pen –las que registran una mayor incidencia de contagios– un total de 293.791 personas (más de 300.000 si se suman los casi 24.000 residentes de Preah Sinaouk, una localidad adyacente también declarada área crítica). Allí, el Gobierno ha cancelado una reciente iniciativa para distribuir dinero en efectivo y se ha limitado a lanzar una operación, que Amnistía describe como «descuidada e inadecuada», e incluso discriminatoria para individuos particulares acusados de criticar al Partido del Pueblo Camboyano, el partido del Gobierno.
Por ejemplo, el Ministerio de Comercio ha lanzado una tienda por internet que promueve una limitada selección de productos con un ligero descuento y muchos relacionados con los intereses de altos responsables del partido. Esta tienda se ha convertido en la única fuente de alimentos para los residentes de las zonas rojas, muchos de los cuales viven bajo el umbral de la pobreza y no se pueden permitir esos precios.
Si a ello se añade que muchos de los vendedores callejeros se han marchado porque se les ha prohibido vender comida y que los mercados están cerrados, muchos residentes, algunos de ellos con niños pequeños o ancianos a su cargo, ha comenzado a protestar en las calles ante su desesperada situación. Amnistía ha recibido «alarmantes informaciones» de que los manifestantes han comenzado a recibir represalias. El primer ministro del país, Hun Sen, llegó a avisarles el pasado 20 de abril de que el Gobierno podría prohibirles los envíos de comida si siguen saliendo a manifestarse.
Es más, el Gobierno está restringiendo el acceso a grupos de ciudadanos en aplicaciones de mensajes en grupo, como Telegram, que intentan gestionar un canal alternativo de suministros. Uno de estos grupos, creado por el propio Ayuntamiento de Nom Pen, tenía 48.000 participantes.
Pero el Gobierno no se ha quedado solo en las amenazas y en los cortes de las comunicaciones. Amnistía Internacional informa que ha verificado vídeos en redes sociales en los que agentes de Policía apalean a algunas personas con cañas de bambú. Tanto el gobernador de Nom Pen, Khuon Sreng, como el portavoz de la Policía, San Sokseyha, han reconocido que la Policía ha recurrido a la fuerza bruta como «un recurso necesario para salvaguardar la seguridad pública».
Naciones Unidas ha avisado de que a Camboya le espera un futuro aciago tras la pandemia. La institución teme que la pobreza se duplicará en los próximos meses hasta afectar a casi un 18 por ciento de la población, conformada en buena medida por trabajadores del sector textil, quienes antes de la crisis ya se encontraban en una situación extremadamente precaria.
Para la directora regional de Asia Pacífico de Amnistía, Yamini Mishra, «las amenazas y represalias del Gobierno de Camboya están agravando seriamente una situación ya desesperada». Para aliviar esta situación, la cooperante propone «medidas simples, como permitir que los vendedores ambulantes de alimentos operen de acuerdo con las medidas de seguridad de COVID-19, que podrían tener un impacto masivo».
En cualquier caso, «la escandalosa mala gestión por parte del Gobierno de Camboya está causando un sufrimiento incalculable y amplias violaciones de derechos humanos en todo el país», cuyos habitantes en ‘zonas rojas’ «están pasando hambre debido a políticas fundamentalmente irracionales» de las autoridades camboyanas, a quienes Yamini insta que «cambien de rumbo urgentemente a través del trabajo con ONG y agencias de la ONU para facilitar el acceso humanitario».
Fuente: EUROPA PRESS.
Mira también
Comentarios