La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra los mecanismos implementados por el régimen iraní para recaudar fondos a través del Estrecho de Ormuz. Las medidas incluyen la designación de dos empresas identificadas como piezas clave en un esquema de extorsión respaldado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que obliga a buques comerciales a contratar un seguro marítimo obligatorio para transitar por la zona. Estas pólizas, gestionadas por Persian Gulf Marine Insurance Company y HormuzSafe Marine Services Authority, buscan generar ingresos bajo el pretexto de servicios marítimos, incluyendo la aceptación de pagos en activos digitales para evadir sanciones.
La práctica consiste en la imposición de seguros aprobados por el CGRI, cuya cobertura pretende proteger a los buques de riesgos como incautaciones, aunque estos peligros son, en su mayoría, provocados por el propio Irán. De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, “Estados Unidos no permitirá que Irán mantenga como rehén el comercio mundial ni que utilice el transporte marítimo internacional para financiar el terrorismo, la agresión y la represión de la Guardia Revolucionaria Islámica”.
Las acciones de la OFAC refuerzan la política de presión máxima sobre la economía iraní, en línea con la Orden Ejecutiva 13902 y el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2. Además de castigar a las empresas vinculadas al esquema de seguros, la OFAC sancionó a varios buques utilizados para transportar petróleo crudo y productos petroquímicos iraníes, parte de una red logística secreta conocida como la “flota clandestina”. Desde principios de año, más de 100 embarcaciones relacionadas con esta red han sido sancionadas con el objetivo de limitar el flujo de ingresos petroleros del régimen iraní.
La medida responde a los esfuerzos de Irán por apuntalar su economía tras el impacto de la Operación Furia Épica. El régimen, según el comunicado oficial, enfrenta una economía “en caída libre” y una inflación de tres dígitos, lo que lo ha llevado a buscar fuentes alternativas de financiamiento mediante la utilización de entidades aseguradoras y la aceptación de activos digitales.
Cómo funciona el esquema
El régimen iraní, a través de la Compañía de Seguros Marítimos del Golfo Pérsico (PGMIC) y la Autoridad de Servicios Marítimos HormuzSafe, exige a los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz la contratación de seguros marítimos, cuyas pólizas son intermediadas y emitidas por entidades designadas por Estados Unidos y respaldadas por la Guardia Revolucionaria Islámica. Esta cobertura incluye riesgos de incautación de buques, un peligro creado principalmente por las propias autoridades iraníes.
La empresa Hormuz Safe, desarrollada por el Ministerio de Economía de Irán, se presenta como proveedora de servicios marítimos digitales y acepta pagos en Bitcoin y otros activos digitales para eludir las sanciones occidentales. Esta aseguradora ha sido promocionada por el sancionado financiero iraní Babak Morteza Zanjani y opera en beneficio de la Guardia Revolucionaria Islámica, reforzando el control del régimen sobre la actividad marítima en la región.
Entre los buques sancionados por la OFAC se encuentran el WELL SAIL, con bandera de las Islas Marshall y operado por Qi Hang Ship Management Limited; el LILY, con bandera de Mozambique y propiedad de Confident Apex Limited; el AL SALMI, de bandera desconocida y propiedad de Billion Nexus Int’l Co., Limited; el BREEZE V, con bandera de Barbados y operado por Nevada Spirit Company Limited; el NATSUMI, con bandera de Barbados, propiedad de Marinova Freight Limited; el CRYSTAL, con bandera de Vanuatu y propiedad de Vast Mighty Limited; el NIRETA, con bandera de Vanuatu y propiedad de Ocean Tranquility Limited; y el YEHOPE, con bandera de Barbados y propiedad de Branch Saying International Trading Co Ltd. Estas compañías y sus embarcaciones han sido designadas por su participación en el sector petrolero iraní y en el transporte de millones de barriles de petróleo a destinos como China y Emiratos Árabes Unidos durante 2025 y 2026.
La designación implica el bloqueo de todos los bienes e intereses patrimoniales de estas personas y empresas en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, así como la notificación obligatoria a la OFAC. Cualquier entidad cuyo 50 % o más de propiedad pertenezca a personas bloqueadas también quedará automáticamente bloqueada.
Implicaciones legales de las sanciones y alcance global
Las regulaciones de la OFAC prohíben a personas estadounidenses realizar transacciones o actividades comerciales con las entidades y personas sancionadas, salvo autorización expresa. Las violaciones pueden resultar en sanciones civiles o penales tanto para ciudadanos estadounidenses como extranjeros, bajo el principio de responsabilidad objetiva.
Las instituciones financieras y otras personas que participen en transacciones con personas designadas pueden estar expuestas a sanciones. También se prohíbe realizar o recibir contribuciones, fondos, bienes o servicios de personas bloqueadas, así como conspirar para evadir las sanciones. El programa de incentivos para denunciantes de FinCEN permite recompensar a quienes aporten información que conduzca a acciones coercitivas exitosas por montos superiores a 1.000.000 de dólares.
El proceso de exclusión de la lista de sanciones está disponible para las personas o entidades que puedan cumplir los requisitos legales, según la guía de la OFAC sobre solicitudes de eliminación de listas.
Fuente: Infobae
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