La Procuraduría General del Estado y la Contraloría abrieron investigaciones contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por reuniones que habría sostenido fuera del Palacio Presidencial para, presuntamente, acordar beneficios en las contrataciones públicas.
Esta polémica se dio a conocer luego de que el programa televisivo Cuarto Poder mostrara que el mandatario sostuvo encuentros con ministros, congresistas y empresarios fuera de los registros oficiales, en una vivienda del distrito de Breña, departamento de Lima.
Según el reporte, entre los invitados habría estado la empresaria Karelim López Arredondo, asesora de una de las compañías que se adjudicó la construcción del Puente Tarata III. También se destacó la presencia de un vehículo ligado a la empresa Brunner SAC, «cuyo gerente general es More Llens Brunner Ruiz, quien tiene dos contratos millonarios con el Estado».
#CuartoPoder La camioneta de placa D3Z 583 apareció en Sarratea. El vehículo está a nombre de Brunner SAC, cuyo gerente general es More Llens Brunner Ruiz, quien tiene dos contratos millonarios con el Estado pic.twitter.com/jyOVuZEwTT
— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) November 29, 2021
Tras esta información, el lunes la Contraloría anunció el inicio de una indagación sobre la unidad ejecutora Provías Descentralizado, a cargo de la infraestructura vial, y dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En concreto, van a revisar las licitaciones otorgadas.
El organismo sostuvo que las normas peruanas determinan que los presidentes informen el detalle de sus reuniones o gestiones en el marco de su mandato. «El incumplimiento de estas obligaciones afecta la integridad, la credibilidad, la institucionalidad y es pasible de responsabilidades por los órganos sancionadores competentes», remarcó.
Por su parte, la Procuraduría pidió información al secretario del despacho presidencial sobre estos encuentros, y «que indique si en dichas reuniones se ha realizado un debido control de los asistentes». Para ello, el procurador se basó en «la ley que regula la gestión de intereses de la administración pública».
A su vez, la Defensoría del Pueblo y dirigentes detractores a Castillo ya le solicitaron al Ministerio Público que inicie una investigación propia.
«Nunca aceptaron que un campesino dirija la nación»
En medio del escándalo, el jefe de Estado se defendió con un mensaje público y rechazó haber participado de encuentros «que hayan favorecido a intereses particulares». Con ese tono, agregó: «Las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno, en mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal».
A su criterio, desde que ocupa la Presidencia —28 de julio—, «una minoría de partidos políticos y grupos económicos no aceptaron el resultado electoral y siempre han buscado atentar contra la voluntad popular». Según Castillo, «nunca aceptaron que un campesino, un rondero, un maestro dirija la nación y promueva cambios estructurales en el país».
Para el mandatario, «el objetivo de estos grupos es vacar al presidente, sin ningún sustento, y con absoluta irresponsabilidad por las consecuencias que estos actos antidemocráticos tienen para la población».
Pedido de vacancia presidencial
Así, estas solicitudes de información se producen luego de que Castillo haya recibido un pedido de vacancia presidencial por parte de congresistas opositores, cuya admisión deberá analizarse el 7 de diciembre por los legisladores. En concreto, se requieren 57 diputados para admitir el debate y 87 para aprobar la destitución posterior, de 130 bancas totales.
Actualmente, su exsecretario Bruno Pacheco está siendo investigado por la aparición de 20.000 dólares escondidos en el baño de su oficina, siendo uno de los escándalos que motiva la inestabilidad gubernamental.
Con ese marco, este sábado se produjo una manifestación en Lima con cientos de opositores que pidieron al Congreso la destitución del jefe de Estado, por presunta «incapacidad moral» para ejercer el cargo. Entre las pancartas de la jornada, se leía: «Democracia o comunismo».
Sergio Pascual, analista del Celag y exdiputado español, considera que las acusaciones de las presuntas reuniones secretas son una herramienta más de la oposición para cuestionar al presidente. «Lo que en realidad está pasando en Perú, es que el poder económico se revuelve frente a la posibilidad de que, desde el Ejecutivo, un dirigente de extracción popular comience a tomar decisiones que les afectan», opina Pascual.
RT
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