Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, parlamentarios de la alianza opositora Creemos lanzaron un recurso abstracto para que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declare la inconstitucionalidad del delito de terrorismo que se encuentra estipulado en el artículo 133 del Código Penal y reformado por la Ley 262 del 2012, según informó el diputado Erwin Bazán.
El asambleísta opositor expuso que el delito de terrorismo fue señalado como ambiguo por diversos organismos internacionales, después de que este sea impulsado contra exautoridades como la expresidenta Jeanine Añez y el actual gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, así como contra otros ciudadanos en el extinto caso Terrorismo.
“La misión de la CIDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que no se podía llevar a cabo un serie de procesos judiciales por parte del Gobierno hasta que no se puede mejorar la tipificación del artículo 133 del Código Penal referido a terrorismo”, recordó Bazán en conferencia de prensa.
El diputado considera que la distorsión concretamente en este artículo está generando persecución política en Bolivia, contra ciudadanos y políticos que no comulgan con el Gobierno de turno.
En enero de este año -en medio de la crisis desatada por el encarcelamiento del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho- el director asociado de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, César Muñoz, señaló que el delito por el que se investiga a la autoridad departamental -terrorismo- es utilizado en Bolivia para perseguir a la oposición del Gobierno de turno.
“El delito de terrorismo ha sido utilizado por gobiernos de izquierda y de derecha en Bolivia como instrumento para perseguir a los opositores”, sentenció el ejecutivo a través de sus cuentas de redes sociales, así como resaltó que hubo una justificación “muy frágil” para dictar prisión preventiva contra el gobernador cruceño y un uso “muy amplio” de la definición de terrorismo.
Con estos antecedentes, desde Creemos sostienen que el artículo tiene que ser declarado de forma expresa como inconstitucional, ya que actualmente hay “muchos bolivianos procesados y detenidos con prisión preventiva de manera injusta, arbitraria e ilegal por el Gobierno del presidente Luis Arce”.
“Imagínense esta distorsión judicial utilizada por el Gobierno masista como arma para perseguir”, acotó Bazán al exponer que el recurso ya fue elevado al TCP.
Tomado de UNITEL
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