Líderes políticos cuestionaron este martes la anulación de las elecciones judiciales, por la Sala Constitucional Primera de Pando, y denunciaron que la pretensión es mantener a los magistrados autoprorrogados para garantizar la gobernabilidad del arcismo ante la falta de mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“No solo vivimos una crisis económica cada vez más difícil, sino que desde varios frentes amenazan la realización de las elecciones judiciales. Todo eso se hace en coordinación con el Gobierno. Su intención de mantener a los autoprorrogados es una gravísima amenaza a la democracia. La Asamblea Legislativa Plurinacional junto al pueblo debe defender a la Constitución”, escribió Evo Morales en la cuenta de sus redes sociales.
La acción popular fue presentada por una dirigente indígena y exdiputada del Movimiento Al Socialismo, quien, además, no es parte del proceso, pero reclamaba por la «discriminación» a las mujeres indígenas de su región. En su demanda, citó a la postulante inhabilitada Mineya Lucindo.
Yeny Dury Bautista, exdiputada suplente del MAS, presentó la acción popular contra de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales porque supuestamente vulneraba los derechos de las mujeres de pueblos indígenas. Bautista no era candidata a las judiciales, pero utilizó el nombre de una postulante inhabilitada, Mineya Lucindo Nacimento, para sustentar su demanda.
Celsa Salazar Rodas, la vocal de la Sala Constitucional Primera de Pando, que anuló las elecciones judiciales y demandó nuevo proceso de preselección de postulantes, era candidata a diputada por el Movimiento Al Socialismo.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé explicó que el objeto de la “acción popular” es la de proteger los intereses colectivos distintos a los vinculados a la elección judicial. “La incompetencia de la sala” y el extravío en sus razonamientos hacen improcedente e inaplicable su decisión. La ALP debe avanzar en el proceso de selección.
Por su parte, Jorge Tuto Quiroga denunció que esta medida fue emanada en medio de una descomposición y degradación institucional. “Está claro que el gobierno de Arce está buscando por todos los medios posibles mantenerlos (autoprorrogados) en el cargo porque su gobernabilidad no se sostiene por apoyo popular, la economía se le cae y se basa en una juristocracia o gobierno de los jueces o prorrogados para salvar a sus ministros de interpelaciones; perseguir opositores”, afirmó Quiroga.
Para el expresidente Quiroga, la anulación de las judiciales busca mantener a los altos magistrados que se autoprorrogaron. “Prefieren seguir con los jueces serviles que les permite mantener algo de gobernabilidad anclados en esta juristocracia destructiva con la que están gobernando, con jueces porque no tienen congreso (mayoría) y no tienen apoyo popular”, afirmó.
El diputado Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana advirtió que se consumó el “quebrantamiento” del orden constitucional y democrático orquestado desde la Presidencia del país”. Dijo que Arce y su gobierno, a través de vocales de Pando, anularon la fase de preselección de candidatos y llevaron las elecciones judiciales a fojas cero, con el objeto de que se queden en sus cargos los autoprorrogados.
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