La ratificación de Eduardo del Castillo en el cargo de ministro de Gobierno por el presidente Luis Arce tras haber sido censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fue una medida ilegal, inconstitucional y equivocada, coincidieron abogados constitucionalistas y políticos.
La ALP censuró el pasado martes al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, con dos tercios de votación en su contra por el caso de los vehículos robados en Chile; sin embargo, dos días después, Arce lo ratificó en el mismo cargo.
El abogado constitucionalista Juan del Granado señaló que la decisión del presidente Arce es una violación a la Constitución Política del Estado (CPE) porque la Sentencia Constitucional (SC) 020/2023 no modifica los establecido en la Ley 1350 que establece que una autoridad censurada no puede ser restituida en el mismo cargo.
Por lo tanto, Arce es pasible a un juicio de responsabilidades por omisiones contrarias a la CPE y a las leyes. “Lo que se espera del primer mandatario es el respeto a la CPE porque así estriba el juramento de su posesión”, señaló.
Además, otra de las consecuencias es la anulación de las labores parlamentarias porque le quita su atribución de fiscalización.
Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) y abogado constitucionalista Carlos Alarcón señaló que hubo una flagrante violación de la CPE, a la norma específica sobre el régimen de la censura que conlleva la destitución del censurado.
Además, según la SC 020/2023, el efecto natural de la destitución es la prohibición de volver a designarlo en el mismo cargo porque de otro modo la censura no tendría razón de ser como un acto de fiscalización del pueblo ejercido a través de la ALP. “Violó la norma de la censura, también los artículos de la Ley 1350”, insistió.
Alarcón aclaró que la SC 020/2023 dejó sin efecto la imposibilidad de designar a la autoridad censurada en otros cargos que tienen que ver otros despachos sobre los que ha no recaído la censura. “Antes lo prohibía y lo deja sin efecto”, remarcó.
Calificó el hecho como fraude constitucional y coincidió con Del Granado sobre las sanciones que pueden pesar sobre Arce: un juicio de responsabilidades por resoluciones contrarias a la CPE y designaciones Ilegales.
En tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, sentenció que la interpelación y posterior censura al Ministro de Gobierno fue producto de una decisión “arbitraria” e incluso alejada de la Constitución.
La sentencia constitucional
El ministro de Justicia, Iván Lima, recordó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de su Sentencia Constitucional Plurinacional 0020/2023 de 5 de abril, resolvió y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 3.III, 4.I, 4.II y 4.III de la Ley 1350 de 16 de septiembre de 2020, que regula los efectos de la censura.
El ministro Lima además exhortó a la ALP a que adecue la referida ley para el cumplimiento de su finalidad, sin embargo, a la fecha no se cuenta con la referida norma.
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