La Cancillería boliviana inició procesos legales en contra de Gustavo García Brito, tras detectar anomalías en su designación como magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN).
“Detectamos una anomalía en su designación, realizada durante el gobierno de Jeanine Áñez, que en primera instancia ha sido determinada como inconstitucional y que todavía está sometido a juicio”, informó a la ABI el canciller Rogelio Mayta.
El magistrado boliviano votó “en contra de los intereses nacionales” el 17 de julio cuando el Tribunal de Justicia de la CAN emitió su fallo por la demanda peruana que reclamó trato igualitario en el precio de combustibles.
García Brito ya llevaba un mes de haber renunciado y tiene una demanda planteada por la Cancillería debido a su irregular designación ante el Tribunal Andino.
Mayta explicó que los magistrados del Tribunal Andino de Justicia se designan en una reunión de plenipotenciarios, generalmente en Ecuador; esas reuniones las lleva adelante el canciller o la canciller de Ecuador junto con los embajadores plenipotenciarios de la CAN, en este caso de Perú, Bolivia y Colombia.
“En esa designación no participó un embajador plenipotenciario de Bolivia, esa es una irregularidad; aparte, en su momento detectamos que esta persona no había acreditado el cumplimiento de los requisitos para asumir ese cargo”, detalló.
APELACIÓN
El Gobierno analiza el fallo del TJCAN a favor de Perú. Según el ministro Justicia, Iván Lima, la Procuraduría General del Estado, entre otras autoridades, plantearán dos recursos para impugnar la sentencia.
“El alcance de la sentencia está siendo analizado por los diferentes niveles de nuestra Procuraduría General del Estado y la institucionalidad pública”, indicó Lima.
Señaló que el primer recurso es presentar una aclaración a la sentencia del TJCAN e indicó que aún están en los plazos establecidos.
“Las decisiones del tribunal admiten un recurso de aclaración en 15 días, estamos en plazo, lo que es estudiado por la Procuraduría y las entidades y Ministerio de esta temática”.
El segundo recurso es apuntar a una modificación de la sentencia, para eso hay un plazo de 90 días. “Podemos plantear un recurso que nos permitiría modificar esta decisión. Lo que no puede darse es una determinación por fuera del tribunal andino, al cual respetamos, y en el marco del debido proceso impugnaremos decisiones”, sostuvo.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió un fallo a favor de Perú en su demanda contra Bolivia por cobros adicionales en combustibles para transportistas internacionales.
Mira también
