La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, calificó de “indignante” que administradores de justicia con una “celeridad sin precedentes” ordenen la liberación momentánea de personas como Jeanine Áñez, Fernando Camacho y Marco Pumari. Aseguró que el Gobierno “hará todo lo necesario” para que las masacres de Senkata y Sacaba no queden impunes.
“Resulta preocupante e indignante que los administradores de justicia de manera inexplicable y con una celeridad sin precedentes, ordenen la liberación momentánea de personas como Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, entre otros responsables de los hechos que condujeron a graves violaciones de derechos humanos el 2019”, escribió la ministra en sus redes sociales.
El 22 de agosto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, instruyó a los tribunales regionales revisar “de manera inmediata” los plazos procesales que se siguen contra los tres políticos.
Los jueces de La Paz resolvieron la liberación plena de Pumari, la liberación con arresto domiciliario y derecho laboral de Camacho y determinaron que a Áñez le corresponde juicio de responsabilidades por la masacre de Senkata.
Saravia recordó que “bajo el Decreto Supremo 4078 firmado por Áñez y su gabinete se cometieron las masacres de Sacaba y Senkata, que dejaron 37 vidas de bolivianas y bolivianos, como constató el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia)”.
Señaló que el Gobierno apelará las decisiones en busca de justicia para las víctimas de las masacres.
“Estas acciones nos obligan como Gobierno Nacional – que se debe a los sectores populares -, a realizar todo lo necesario para impedir que se deniegue justicia a las víctimas de las masacres y que los responsables no queden en la impunidad”, enfatizó.
En tanto, las víctimas de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si en Bolivia la justicia anula procesos contra el régimen de Áñez por las masacres ocurridas en 2019.
Asimismo, los privados de libertad cuestionaron la medida y se declararon en emergencia ante lo que consideran “juicios de privilegios”.
“Lo ocurrido debe ser de interés de todas y todos, pues aquí no se trata de colores políticos o ideologías dispares, se trata de no permitir ni tolerar la impunidad, por la dignidad de las víctimas y por Memoria, Verdad y Justicia”, reflexionó la ministra.
Fuente: ABI
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