El vicepresidente Edmand Lara cuestionó al Gobierno por la advertencia de detener al fiscal general interino Luis Montaño Morales y defendió su actuación bajo el argumento de que aplicó la Constitución y la Ley 260 del Ministerio Público.
En un comunicado, Lara rechazó las declaraciones del vocero presidencial José Luis Gálvez, quien acusó a Montaño de usurpar funciones y anunció que está siendo buscado y, posteriormente, sería detenido.
“Es lamentable escuchar al vocero presidencial hablar de detener al fiscal Luis Montaño simplemente por haber cumplido la Constitución y la Ley 260 del Ministerio Público”, señaló Lara.
El vicepresidente citó el artículo 25 de la Ley 260, referido a la suplencia del Fiscal General ante una ausencia o impedimento, y afirmó que Montaño actuó conforme al procedimiento establecido en esa norma.
“Si el fiscal Montaño actuó conforme a ese mandato legal, no puede convertirse en delito cumplir la ley”, sostuvo.
Lara también cuestionó que el Ejecutivo plantee una eventual detención sin una orden judicial o alguna de las condiciones previstas por la legislación boliviana.
“En Bolivia nadie puede ser detenido porque a una autoridad se le ocurra. La libertad de una persona está protegida por la Constitución y cualquier aprehensión debe realizarse conforme a las formas y condiciones establecidas por ley”, afirmó.
El vicepresidente acusó al Gobierno de recurrir a amenazas contra un funcionario por una disputa sobre la conducción de la Fiscalía General.
“Eso no es institucionalidad; es desconocer la Constitución y pretender que la voluntad política esté por encima de la ley”, señaló.
Lara planteó que el conflicto debe resolverse mediante las instituciones y no a través de advertencias de detención. “En democracia, las diferencias se resuelven con la Constitución, con las leyes y ante las instancias competentes, no con amenazas de detención”.
Montaño asumió como fiscal general interino tras la aprehensión de Roger Mariaca. El Gobierno desconoce esa sucesión y acusa a Montaño de usurpar funciones, mientras el vicepresidente defiende su actuación con base en la Ley 260.
La Razón
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