Familiares de las personas fallecidas en Senkata (El Alto, La Paz) durante los días posteriores a la renuncia de Evo Morales, se reunieron con el exmandatario en Buenos Aires (Argentina), donde se encuentra refugiado desde el 12 de diciembre.
Según Morales, las familias de las víctimas relataron las dificultades que atraviesan para encontrar justicia. «Prometí que no descansaré hasta que el gobierno de facto sea juzgado por estos crímenes y víctimas resarcidas», escribió haciendo referencia al Gobierno de Jeanine Áñez.
La Defensoría del Pueblo da cuenta de al menos 10 fallecidos, algunos de ellos por impacto de bala, durante las protestas por parte de grupos afines al Movimiento Al Socialismo que tomaron una planta de hidrocarburos situada en esa localidad.
Los decesos se dieron en medio de un operativo militar-policial que permitió la salida de cisternas con combustible, además de carros con garrafas de gas. Sin embargo, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) descartó que los fallecidos hayan recibido el impacto de proyectiles de armas militares.
Gobierno ofreció indemnización
A inicios de diciembre, el Gobierno de Jeanine Áñez promulgó un Decreto Supremo para indeminizar a los familiares de las víctimas y los heridos con Bs. 50.000, que fue rechazado.
Según el activista en Derechos Humanos, David Inca, dicha ley les impedía realizar denuncias internacionales. «Hay un artículo donde dice que en el momento que esté curado o bien se les dé dinero no tienen derecho a reclamar a instancias internacionales y eso es chantaje», declaró Inca citado por El Diario.
El Deber
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