Al menos 17 procesos judiciales cursan en contra del gobernador de La Paz, Santos Quispe, y del alcalde de la sede de Gobierno, Iván Arias, ambos opositores al MAS. De esa casi veintena de casos, 14 son contra del burgomaestre del municipio de La Paz.
“Lo que pedimos es que se cumpla el debido proceso y los plazos de las investigaciones. Ya basta… tengo varios procesos encima y a la Fiscalía cuando se le ocurre me aprieta y cuando no abandona los casos”, indicó el Alcalde de la sede de Gobierno.
De los 14 casos, la mayoría está relacionada con sus actividades durante su gestión como ministro de Obras Públicas en el gobierno transitorio de Jeanine Añez. Los procesos son por acoso sexual, nombramientos ilegales, uso indebido de bienes del Estado, incumplimiento de deberes y hasta por atentar contra la salud, entre otros.
Para el equipo jurídico del Alcalde hay una reactivación de la “persecución política” en contra de Arias. Afirma que la prueba son los nuevos procesos que avanzan fuera de plazos y que se reanudaron cuando se fue del país el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán.
Una percepción similar tiene el gobernador Santos Quispe, quien enfrenta tres procesos. En su caso, las denuncias en su contra tienen que ver con un presunto nombramiento ilegal de una notaria y con el consumo de bebidas alcohólicas en oficinas de la Gobernación, además por haber chocado un auto oficial.
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“Ya en el primer proceso hemos dicho que esto va a continuar constantemente. Hemos visto quién está detrás de esto y sabemos que quieren perjudicar nuestra gestión, es una persecución política. Como autoridad apenas estoy unos ocho meses y van a hacer todo lo posible por sacarme. Déjenme gobernar”, señaló Quispe, quien añadió que la persecución en su contra viene de una cúpula del MAS.
El último proceso contra Quispe fue impulsado por los asambleístas de Somos Pueblo, partido de Rafael Quispe, excandidato a la Gobernación. Luego de este incidente, varios dirigentes y organizaciones de las diferentes provincias de La Paz emitieron sus votos resolutivos para dar su apoyo al Gobernador.
El presidente de la Asamblea Legislativa departamental de La Paz, Luis Surco (MAS), sostuvo que esta instancia se sumará a la denuncia y negó que haya una persecución política.
“Varias veces Quispe dijo que está perseguido por un grupo del MAS, pero la población ve que no es así, él comete errores y no es la primera vez”, dijo Surco.
En septiembre de 2020, el diputado Remberto Calani presentó una denuncia formal contra Arias, entonces ministro de Obras Públicas, por unos terrenos de ENFE que se estarían vendiendo a particulares.
En marzo de 2021, Ivonne C. S. formalizó una denuncia en contra del ahora Alcalde por acoso sexual, laboral y político supuestamente cometidos el año 2019.
Durante el primer semestre de 2021, Arias fue citado a declarar por el caso de corrupción en Entel en la gestión transitoria. También se lo convocó por la denuncia de nombramientos ilegales en su gestión como ministro, caso por el que tiene una orden de arraigo y pagó una fianza como medida sustitutiva.
También es investigado en un caso de corrupción en la compra de material de bioseguridad para la DGAC.
Se sumó una denuncia por discriminación contra César Dockweiler y otra por el uso de un barbijo tricolor. En el primero, el Ministerio Público indicó que el querellante era la Defensoría del Pueblo, lo que la instancia negó.
Ya como alcalde, Arias fue denunciado por acoso por dos de sus subalcaldesas, a quienes destituyó por presuntos actos de corrupción.
Otro proceso al que fue citado fue por la restitución de un grupo de funcionarios ediles a su fuente laboral.
La semana pasada fue llamado a declarar por una acusación en su contra por el presunto uso indebido de aviones estatales cuando era ministro de Obras Públicas. Otro caso que está siendo “armado” es por el Tren Metropolitano en la Llajta.
El viernes pasado, el diputado Ramiro Venegas (MAS) afirmó que el Ministerio Público admitió otra denuncia contra de Arias por el incremento en la tasa de aseo.
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Ya basta… tengo varios procesos encima y a la Fiscalía cuando se le ocurre me aprieta con estos casos
Alcalde Iván Arias
Aunque el gobernador negó que haya estado al volante, la denuncia se instauró por uso indebido de bienes del Estado.
El secretario de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, Mario Flores, afirmó que los conductores de ambos vehículos afectados declararon que Quispe no estaba en el coche oficial. Consideró que el caso estaba “armado” para sacar al Gobernador del cargo.
En diciembre pasado, el Ministerio Público admitió una segunda querella en contra de Quispe. En esa ocasión se lo acusó por designar a una notaria que supuestamente no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo. Se lo acusa por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, nombramiento ilegal e incumplimiento de deberes.
Acompañado de los dirigentes de distintas provincias de La Paz, el 31 de enero el Gobernador se presentó ante la Fiscalía. En su declaración, explicó que la designación cuestionada se hizo de manera interina y que la notaria en cuestión ocuparía el cargo sólo por tres semanas.
No precisó si en realidad no cumplía con los requisitos necesarios para el cargo. En descargo, afirmó que era la primera vez que se hacía una convocatoria para una notaria en la Gobernación.
La tercera denuncia se generó apenas 24 horas después de presentarse por el caso anterior. Fue sorprendido en su despacho con indicios de haber consumido bebidas alcohólicas. La autoridad fue sacada por personal policial y pasó la noche en celdas de la Felcc.
El proceso fue instaurado por uso indebido de bienes del Estado. Los denunciantes son Israel Alanoca y María Gonora, de Somos Pueblo.
No los voy a denunciar (a quienes lo acusaron), está en su conciencia y cada uno sabe
Santos Quispe, gobernador
Página Siete
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