AHORADIGITAL.- El gobernador de Tarija, Óscar Montes, lanzó una dura advertencia sobre el estado actual de la industria hidrocarburífera en el país, señalando que los volúmenes de producción ya no son suficientes para cubrir los compromisos internacionales. Según la autoridad, Bolivia ha dejado de cumplir con la cuota mínima obligatoria del contrato de exportación con Brasil, lo que expone al Estado a severas sanciones económicas. Montes subrayó que el ritmo de agotamiento de las reservas de gas ha alcanzado niveles críticos, con una caída anual que oscila entre el 18% y el 20%, una situación que la autoridad señala que viene alertando desde el año 2015.
Ante este panorama de iliquidez, el ejecutivo departamental enfatizó la urgencia de promulgar una nueva Ley de Hidrocarburos que permita reconfigurar la economía nacional. La autoridad expresó su expectativa por anuncios oficiales que aborden soluciones de fondo y no meramente paliativos. «Necesitamos una nueva ley de hidrocarburos, urgente. Hoy va a haber anuncios, esperamos que esos anuncios estén relacionados con estos temas estructurales que necesita la economía boliviana», manifestó.
Como alternativa frente al agotamiento del gas, Montes posicionó al proyecto hidroeléctrico Carrizal como una prioridad nacional para garantizar la soberanía energética y explicó que actualmente la generación eléctrica en el país depende de gas subvencionado, pero advirtió que, de agotarse este recurso, el costo de la materia prima para ENDE se elevaría drásticamente, impactando directamente en el bolsillo del consumidor. «Ese momento va a ser crítico para todos los consumidores de energía eléctrica y lo ideal sería que se empiece ya rápido con este proyecto de realizar», puntualizó.
La autoridad comparó la inversión necesaria para Carrizal, estimada en más de mil millones de dólares, con la incertidumbre que rodea a la exploración de nuevos campos de gas. Para el gobernador, obtener créditos para proyectos renovables es más factible que apostar por la búsqueda de hidrocarburos, dado que el riesgo técnico en proyectos hídricos es mínimo tras años de estudios, advirtiendo que, si no se actúa con celeridad, Bolivia pasará de ser un exportador de energía a un importador neto, enfrentando un incremento de hasta el 700% en los costos de adquisición de energía eléctrica del mercado exterior.
Finalmente, respecto a las demandas del sector campesino sobre el pago del ProSol, el gobernador fue tajante al señalar que el gobierno departamental ha entrado en una fase de cierre administrativo total. «Nosotros ya estamos cerrando, ya no estamos comprando ni un lapicero. Estamos ya con el decreto de transición, por lo tanto todas las operaciones financieras de parte del gobierno departamental están paralizadas», concluyó Montes
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