Después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anuló la convocatoria para la preselección judicial y dispuso que se apruebe otra mediante dos tercios, el Defensor del Pueblo Pedro Callisaya exhortó a los políticos a que lleguen a un consenso y viabilicen las elecciones judiciales.
La sentencia del TCP dispuso que la Asamblea apruebe con ley y por dos tercios de votos una nueva convocatoria, sin embargo, ninguna de las fuerzas políticas tiene esa cantidad de votos en la Asamblea, además de que el MAS está dividido.
“Es importante que los partidos políticos busquen el consenso necesario para viabilizar las elecciones judiciales en el marco normativo vigente”, añadió el Defensor.
OPCIONES
Los presidentes de las cámaras de Senadores, Andrónico Rodríguez, y de Diputados, Jerges Mercado, revelaron, por separado, este martes que se iniciaron conversaciones con el fin de reactivar las tareas preparatorias para las elecciones judiciales a partir de la sentencia del TCP.
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“Todo el procedimiento, según el fallo, amerita necesariamente los dos tercios, lo cual va a obligar a que las tres fuerzas políticas hagan los máximos esfuerzos”, indicó Rodríguez al deslizar la posibilidad de realizar una reunión entre las directivas de ambas cámaras, jefes de bancada del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos con el presidente nato de la Asamblea y vicepresidente David Choquehuanca.
En el encuentro, dijo, “se determinará el procedimiento del proceso de la preselección en el menor tiempo posible”.
En tanto, el Presidente de Diputados reveló que “las comisiones están trabajando. Estamos conversando y vamos a ser respetuosos, por supuesto, de las determinaciones que ha tomado nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional”.
Por su parte, el MAS maneja dos opciones que se podrían seguir. La primera es un consenso para lograr los 2/3 y viabilizar el proceso; la segunda es una ley corta en caso de que no se logre organizar las elecciones en el plazo de 30 días, dijo a Urgente.bo el diputado del ala evista, Renán Cabezas.
El anteproyecto tiene por objeto disponer de forma excepcional la designación de autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional para ‘garantizar’ la continuidad del servicio de la justicia.
De ser aprobada, esta ley estaría vigente hasta la posesión de nuevas autoridades elegidas mediante el sufragio.
A su turno, el senador del MAS, Rubén Gutiérrez, demandó a la oposición política compromiso con el país para garantizar los dos tercios que demanda el TCP, porque de otra manera no se podrá cumplir con la preselección.
El segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ingvar Ellefsen (CC), condicionó el respaldo de los dos tercios a que se acepte la participación de la sociedad civil y de juristas externos, como en su momento lo propuso su correligionario el diputado Carlos Alarcón.
El legislador propuso que un ente externo evalúe a los postulantes y que sus decisiones sean vinculantes para la Asamblea Legislativa.
Por su parte, el El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Enrique Urquidi pedirá retomar el tratamiento del proyecto de ley de garantías para las elecciones judiciales en el pleno de la Cámara de Diputados, siendo que la propuesta ya fue presentada en una pasada oportunidad por la alianza.
“Nosotros, a través de nuestros representantes en la Comisión de Constitución, vamos a solicitar, de manera formal, al presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jauregui, que de forma inmediata se proceda a remitir el proyecto de ley de garantías que en su momento presentó Comunidad Ciudadana para que sea remitido al pleno de la Cámara de Diputados”, dijo Urquidi.
PLAZO
El Tribunal Supremo Electoral ratificó este lunes que para garantizar que las elecciones sean el 3 de diciembre, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe remitir hasta el 4 de septiembre, como plazo máximo, la lista de candidatos preseleccionados para disputar un espacio en el Órgano Judicial y en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
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