Ahoradigital – El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que el caso que derivó en la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca va mucho más allá del video en el que Sebastián Marset lo menciona y aseguró que la investigación permitió desarticular una estructura que, según la versión del Gobierno, pretendía afectar el sistema democrático e instaurar un “narcoestado” en Bolivia.
Oviedo respondió así a los cuestionamientos del expresidente Jorge Tuto Quiroga sobre por qué Mariaca fue aprehendido recién ahora, pese a que el Gobierno ya conocía desde marzo la existencia del video de Marset.
“Si vemos este problema solo como un golpe al narcotráfico sería parcial”, sostuvo el ministro, quien afirmó que la estructura investigada tenía conexiones dentro de la Fiscalía, además de presuntos vínculos con operaciones de lavado de activos financieros e inmobiliarios.
Según Oviedo, la investigación no se construyó únicamente sobre el material audiovisual. El ministro aseguró que el Gobierno conocía la existencia de los videos, pero decidió hacer pública la información una vez que otros elementos de la investigación estuvieron “concluidos y procesados”.
La autoridad sostuvo además que la organización investigada tendría conexiones con redes y organizaciones narcoterroristas tanto en Bolivia como en el exterior. Según su versión, el objetivo habría sido sustituir el sistema democrático por una estructura vinculada al narcotráfico.
Entre los principales aprehendidos mencionados por Oviedo están Roger Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior Martín Irusta y el mayor de la Policía Rubén Aparicio. El ministro señaló que todos deberían ser puestos ante un juez y que ya existía una imputación formal.
El caso también está relacionado con otros operativos realizados en diferentes ciudades y con el hallazgo de importantes cantidades de dinero que las autoridades investigan por su posible relación con la estructura denunciada.
Las acusaciones planteadas por el Gobierno forman parte de una investigación en curso y deberán ser sustentadas ante las autoridades judiciales correspondientes. Los implicados mantienen su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
El caso Mariaca, de esta manera, deja de ser presentado por el Gobierno únicamente como una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico y pasa a ser planteado como una investigación de mayor alcance sobre posibles conexiones entre funcionarios públicos, dinero y organizaciones criminales.
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