El Movimiento Al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC) regresaron al pleito político, esta vez porque la comisión mixta de Justicia Plural del Legislativo aprobó la proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa por el caso Quiborax. El expresidente le recordó a Evo Morales y a los legisladores masistas que fue el propio líder del MAS, cuando era jefe de Estado, le otorgó una amnistía por este mismo caso.
“Esa es una decisión jurídica, causa del Estado y no es modificable. Cuando das una amnistía es definitiva e irreversible, aún más cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprueba por dos tercios de voto. ¿Esa misma Asamblea va a borrar con el codo lo que firmó con la mano?”, cuestionó ayer Mesa en conferencia de prensa en la ciudad de La Paz.
En septiembre de 2018, al calor de la demanda marítima, Morales otorgó una amnistía a los expresidentes Mesa y Jorge Quiroga por el caso Quiborax, al primero, y al segundo por los denominados petrocontratos. Evo había decidido entregarles la amnistía para que los expresidentes puedan ir a la ciudad de La Haya, en Países Bajos, para que sean parte del equipo marítimo. Chile logró la victoria en el juicio internacional.
“He tomado la decisión de que ningún expresidente, salvo acusaciones de delitos de lesa humanidad o genocidio, tengan procesos judiciales pendientes que entorpezcan las nuevas actividades internas y externas de defensa y negociación den nuestro derecho marítimo”, decía Evo Morales en septiembre de 2018.
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Mesa dijo ayer que esa amnistía no fue solicitada por su persona y que la decisión fue netamente de Morales. “Tomo esta decisión de manera personal, apoyándome en la autoridad legal que la CPE me confiere y lo hago sin solicitar a los expresidentes beneficios para nada personal a cambio”, insistía Morales en esa ocasión.
Casos aprobados
El pasado martes, la comisión mixta de Justicia Plural del Legislativo aprobó el proceso en contra de Mesa por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por el denominado caso Quiborax. El denunciante de este proceso es el exprocurador general del Estado Pablo Menacho.
Quiborax es una empresa chilena que se fundó en 1986 y comenzó su producción recién en 1988. Se encarga de producir ácido bórico y productos agroquímicos. Esta compañía exporta sus productos a través de los puertos de Arica a todo el mundo.
La empresa chilena comenzó a operar en Bolivia en 2001 con la exploración del mineral no metálico de ulexita en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.
En 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Carlos Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina. Dos años después, la minera chilena, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, demandó al Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por $us 66 millones.
En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en $us 48,6 millones del monto de indemnización. Bolivia apeló la decisión; sin embargo, en 2018 se desahució el laudo nacional. Al final, en la gestión de Evo Morales pagó $us 42,6 millones a Quiborax tras un acuerdo entre partes.
En ese entonces, el procurador Menacho presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Mesa y tres de sus exministros, tras la pérdida del juicio internacional con Quiborax. La Procuraduría General del Estado dijo que, en el Gobierno de Mesa, se incumplieron leyes y que incluso el Decreto Supremo 27589 es ilegal. Ahí, el entonces ministro de Justicia, Héctor Arce, ahora embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), defendió el pago que hizo el Estado boliviano a Quiborax y culpó a Mesa por la pérdida boliviana.
“Bolivia aceptó pagar $us 42 millones a estos piratas y lo hace mediante un acuerdo donde están Héctor Arce, Pablo Menacho, César Navarro y el cajero que autoriza el desembolso de esa cantidad y es nada más y nada menos que el entonces ministro Luis Arce, hoy presidente (de Bolivia)”, dijo Carlos Mesa.
Luego, el expresidente dijo: “yo no temo en absoluto a nada, lo que hago es acusar a los verdaderos responsables; me voy a someter a lo que venga. Me están acusando por haber nacionalizado el salar de Uyuni y por expulsar una empresa pirata (Quiborax), ¿ese es motivo para un juicio de responsabilidades?”, retrucó Mesa.
En el MAS esperan que Mesa se defienda ante la justicia y desconocen de la amnistía que otorgó Morales en 2018. El diputado Héctor Arce, que representa a Cochabamba, señaló que la comisión mixta de Justicia Plural evaluó todos los términos de la demanda al expresidente y que ahora prosigue su análisis en el pleno del Legislativo.
“Hay un orden de todas las proposiciones acusatorias y sea quien sea se abordará en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En la comisión se abordaron todos los asuntos y ahora corresponde que sean abordados en la sesión”, afirmó Arce.
Comisión mixta
La comisión mixta de Justicia Plural del Legislativa Plurinacional realizó un trabajo rápido de todos los procesos pendientes que había en dicha instancia. Hasta el miércoles se aprobaron 20 solicitudes de proposiciones acusatorias, entre ellas están los procesos contra Mesa y otras exautoridades, como Alfredo Rada, por el caso de La Calancha y Alicia Muñoz, por el caso de los muertos en Huanuni tras los enfrentamientos de mineros.
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Según el senador Walter Justiniano, de filas de Comunidad Ciudadana (CC) y quien forma parte de esta instancia legislativa, confirmó que existe un inusitado interés en el oficialismo por finalizar todos los procesos y desde su perspectiva hay dos objetivos: enjuiciar a Carlos Mesa y Jeanine Áñez. El legislador añadió que no se tomó en cuenta la amnistía que estableció Evo Morales en 2018.
“La idea es enjuiciar a Carlos Mesa y Jeanine Áñez como sea. Pisan el acelerador y aprueban todo por su mayoría. Se habló de la amnistía que se otorgó a Carlos Mesa y deslindan la responsabilidad a la sesión que habrá en la Asamblea Legislativa”, dijo Justiniano.
“Bolivia aceptó pagar $us 42 millones a estos piratas y lo hace mediante un acuerdo donde están Héctor Arce, Pablo Menacho, César Navarro y el cajero que autoriza el desembolso de esa cantidad es nada más y nada menos que el entonces ministro Luis Arce, hoy presidente”, recalcó el expresidente Mesa, quien insistió que los funcionarios del MAS son unos “canallas” por intentar activar un juicio de responsabilidades contra su persona.
En el MAS esa acusación no cayó bien y anuncian que seguirán las normativas para autorizar un juicio de responsabilidades contra Mesa. El diputado Juanito Angulo lamentó que Mesa se haya referido como “callanas” a los legisladores del oficialismo.
“Hay que seguir el procedimiento y no se trata de calificar como canallas a quienes estamos sujetos a la norma. Canalla es quien evade responsabilidades por delitos que cometieron”, arremetió Angulo.
El MAS agilizó la aprobación de juicios contra exautoridades para abordar las cuatro proposiciones acusatorias que pesan contra la expresidenta Jeanine Áñez, quien espera en el penal de Miraflores, en La Paz, su futuro legal.
El Deber
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