El director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, informó que el diagnóstico del Gobierno recomienda cerrar alrededor de 20 de las 67 empresas públicas del país, debido a su situación crítica.
La cifra representa aproximadamente el 30% del total de estas entidades estatales.
Camacho explicó que el proceso de evaluación apunta a identificar las empresas que ya no tienen condiciones para continuar operando y que, por tanto, requieren una intervención para resguardar los recursos del Estado.
“Más o menos son 20 empresas de las 67 que deberían cerrarse. Esa es la recomendación que se ha hecho, es un 30%”, señaló el director de la OFEP a Red Uno.
Empresas públicas
El funcionario precisó que el Gobierno notificó a los siete ministerios que tienen bajo su tuición empresas públicas. Ahora, cada cartera definirá si acepta el diagnóstico y avanza con una intervención o si rechaza sus conclusiones y se aparta de la recomendación.
“Los ministros tienen la posibilidad de apartarse y rechazar el diagnóstico o ir a una intervención, salvaguardando los recursos estatales”, sostuvo.
Camacho indicó que el diagnóstico identificó empresas en estado crítico que requieren medidas inmediatas. En ese marco, señaló que algunas entidades ya redujeron personal debido a que mantenían plantas industriales sin funcionamiento.
El ajuste también alcanza a las transferencias estatales. Según Camacho, durante esta gestión el Gobierno redujo en Bs 3.800 millones los recursos destinados a las empresas públicas, como parte de las medidas para disminuir la carga que representan para las finanzas estatales.
El director de la OFEP remarcó que la administración de Rodrigo Paz desarrolla este proceso bajo un marco normativo que comenzó con la Ley del Presupuesto Reformulado y continuó con la aprobación de un decreto supremo.
Aunque reconoció que los procedimientos legales pueden resultar burocráticos, aseguró que el Ejecutivo trabaja en una normativa más ágil para facilitar las decisiones y garantizar el resguardo de los recursos públicos.
La Razón
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