La gestión de las empresas públicas durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) dejó un saldo de millonarias pérdidas y, según el director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, llegó al extremo de provocar la quiebra técnica de una empresa dedicada al negocio del oro, uno de los minerales con mayor valorización en los mercados internacionales.
«Bolivia debe ser el único país del mundo que ha quebrado una empresa de oro», afirmó Camacho durante una entrevista en el programa Dinero, al referirse a EPCORO, empresa creada para comprar oro a cooperativas y venderlo al Banco Central con el objetivo de fortalecer las reservas internacionales.
Según explicó, la empresa terminó generando pérdidas porque «compraba caro y vendía barato», pese a que el precio internacional del metal precioso registró una tendencia alcista en los últimos años.
«Eso demuestra el fracaso de la mal llamada industrialización y el engaño que se hizo al país», sostuvo.
La crítica de Camacho cobra relevancia en un contexto en el que el oro atraviesa uno de los ciclos alcistas más prolongados de su historia. En los últimos años, la cotización internacional del metal precioso ha alcanzado máximos históricos impulsada por la inflación global, las tensiones geopolíticas y la creciente demanda de los bancos centrales, que incrementaron sus reservas de oro como activo refugio.
En ese escenario, el director de la OFEP calificó como «inaudito» que Bolivia haya registrado pérdidas con una empresa creada precisamente para comercializar este mineral.
Pérdidas por Bs 12.742 millones
Camacho presentó un balance preliminar de 15 empresas públicas, las cuales acumulan pérdidas por 12.742 millones de bolivianos, de las que cinco concentran 5.777 millones de bolivianos, equivalentes al 42% del total.
A ello se suman 18.228 millones de bolivianos en préstamos provenientes del Banco Central de Bolivia y del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), administrado por el Banco de Desarrollo Productivo (BDP).
Sin embargo, indicó que esas empresas solo devolvieron 1.954 millones de bolivianos, mientras que la mora alcanza 1.182 millones de bolivianos.
Entre las entidades con mayores obligaciones pendientes mencionó a ECEBOL, que adeuda 492 millones de bolivianos; Mutún, con Bs 138 millones; EASBA, 20 millones de bolivianos; Envibol, 159 millones de bolivianos; EEPAF, 219 millones de bolivianos; y Quipus, con 36 millones de bolivianos.
Además de los créditos, señaló que las empresas recibieron 8.155 millones de bolivianos en aportes de capital y Bs 148 millones en donaciones, elevando el respaldo estatal total a 26.382 millones de bolivianos.
«Los recursos pudieron destinarse a hospitales y escuelas»
El director de la OFEP cuestionó el destino de esos recursos y aseguró que pudieron haberse invertido en infraestructura social.
«En lugar de gastar miles de millones en empresas que no producen, esos recursos pudieron financiar más escuelas, hospitales, carreteras, agua potable o un fondo para enfrentar crisis económicas», afirmó.
Camacho también citó otros casos que, a su juicio, reflejan la mala administración de las empresas estatales.
Mencionó a B-Agro, creada para impulsar la producción agropecuaria estatal, de la que dijo que inició operaciones con más de un millar de cabezas de ganado, pero actualmente «no queda una sola res» y además enfrenta observaciones por incumplimientos en la presentación de estados financieros.
También cuestionó la planta estatal de papas fritas, cuya construcción demandó 23 millones de dólares, asegurando que fue instalada en un terreno privado y que, lejos de fortalecer la producción, representaba una competencia para pequeños emprendimientos nacionales.
Litio, cemento y fertilizantes
El director de la OFEP también criticó otros proyectos industriales impulsados por el anterior Gobierno.
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Advirtió que el proyecto del litio perdió competitividad debido a la caída de los precios internacionales y al desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento energético.
Asimismo, cuestionó la planta de cemento de Potosí, afirmando que fue construida a 100 kilómetros del yacimiento de piedra caliza, sin un camino adecuado y sin un horno plenamente operativo.
Respecto a la planta de fertilizantes, aseguró que presenta fallas de diseño que provocan pérdidas de producto durante el proceso industrial y que varias de las observaciones realizadas al momento de su recepción aún no fueron corregidas.
Diagnóstico en 30 días
Camacho informó que la OFEP trabaja en una evaluación técnica de las empresas públicas utilizando una metodología internacional para determinar su nivel de criticidad.
El informe deberá ser presentado al Consejo Superior de Empresas Públicas (COSEP) una vez que se apruebe el presupuesto reformulado.
Según adelantó, varias compañías pasarán a la categoría de «criticidad alta» porque las pérdidas acumuladas ya superan el patrimonio con el que fueron creadas, situación que configura una quiebra técnica.
El funcionario señaló que el diagnóstico servirá de base para definir las medidas que asumirá el Gobierno sobre el futuro de las empresas estatales, en un contexto en el que el Ministerio de Economía ya anunció una reducción de Bs 3.800 millones en el gasto destinado a este sector.
Finalmente, Camacho sostuvo que el actual marco legal para las alianzas público-privadas no resulta atractivo para la inversión privada, debido a que mantiene el control mayoritario y la administración en manos del Estado, además de establecer que cualquier controversia sea resuelta por la justicia ordinaria y no mediante arbitraje internacional.
El Deber
