Seis leyes le otorgan al presidente Luis Arce el poder de gobernar por decreto y de controlar políticamente los ascensos a generales en la Policía Boliviana y también en las Fuerzas Armadas (FFAA).
En lo económico, el mandatario puede modificar por decreto las siguientes leyes: la Ley 1405 de Estadísticas Oficiales, la 1398 de Registro de Comercio, la 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social. Mientras que en lo social la 1390 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Corrupción le da esa posibilidad de cambios a Arce.
La norma que lleva el numeral 1405 tiene por objeto normar la producción de estadísticas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia a través del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
La senadora Lindaura Rasguido, del Movimiento Al Socialismo (MAS), aseguró que las seis leyes -cinco están vigentes y la de FFAA está en el Senado- están enmarcadas en la Constitución. “Nosotros vamos a consensuar con la población y de hecho algunas de ellas, como la del Plan de Desarrollo Económico y Social, pese a que ya están aprobadas, son revisadas por el propio presidente Luis Arce con los sectores que se oponen. Muestra de ello fue la reunión que sostuvo con los alcaldes esta semana”, dijo la legisladora.
El artículo 19, parágrafo I, de esta norma le otorga al Ejecutivo la única llave para establecer las reglas para certificar las encuestas consideradas oficiales.
“Las entidades del nivel central del Estado, para ser consideradas como entidades productoras de estadísticas oficiales, deberán contar con la certificación del INE sobre la metodología y procedimiento para la producción del dato estadístico. La certificación deberá garantizar la calidad de la producción estadística, conforme a reglamentación establecida mediante Decreto Supremo”, dice la normativa promulgada.
Mientras que la Ley de Registro de Comercio, también promulgada por Arce, otorga al Ministerio de Desarrollo Productivo la potestad de crear una entidad dependiente del Ejecutivo que tenga las funciones de registro de todas las empresas de Bolivia. Además, reemplaza a Fundempresa y en concordancia con la ley de estadísticas nacionales implementa sanciones y negación del registro a las empresas que no cumplan los requisitos.
La disposición transitoria primera establece que la creación, organización, funcionamiento y financiamiento de la nueva institución pública dependerá absolutamente del Ejecutivo y que será reglamentada “mediante Decreto Supremo propuesto por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural”.
Luego se encuentra la Ley 1407, que contiene el Plan de Desarrollo Económico y Social hacia el 2025. El mandatario Luis Arce, ante las observaciones, accedió a una reunión con los alcaldes de ciudades capitales más El Alto en el que conversaron sobre sus competencias y la autonomía. Sin embargo, esta normativa también le da facultad al Gobierno de gobernar a través de decretos.
El artículo sexto dice que “los ajustes al Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 se realizarán conforme a lo dispuesto por el Artículo 32 de la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado-SPIE”. Ese artículo señala que “las modificaciones parciales, complementarias o de forma, a los planes de desarrollo, se aprobarán mediante Decreto Supremo”.
Otra norma que puede ser modificada por decreto es la de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Corrupción. Esta ley tiene por objeto fortalecer los mecanismos y procedimientos establecidos en el marco de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, destinados a investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras y ex servidores públicos, entre otros.
La ley abre la posibilidad de realizar juicios en rebeldía -lo que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante resolución 0012/2021- e instituye la figura del colaborador eficaz, es decir, los delatores en casos de corrupción serán premiados con la extinción del proceso en su contra a cambio de brindar información. En su contenido también establece que se puede cambiar la estrategia mediante decreto supremo.
La Ley 1387 de carrera de generales y de ascensos de la Policía Boliviana señala que la entidad policial depende del Presidente del Estado por intermedio del Ministro de Gobierno. Es por eso, que esta norma establece que el mando policial está dirigido por un civil: “El Mando Policial, está conformado por las siguientes autoridades: Ministra o Ministro de Gobierno, Comandante General de la Policía Boliviana, Subcomandante y Jefa o Jefe de Estado Mayor de la Policía Boliviana y Suboficial de Estado Mayor de la Policía Boliviana”.
En el caso de las FFAA, la reglamentación estará a cargo del Gobierno, con lo que –según la oposición– se entrega las decisiones al Ejecutivo. Los senadores oficialistas explicaron que la determinación se asumió junto a los comandantes militares.
Al respecto, el senador Rodrigo Paz, de Comunidad Ciudadana (CC), consideró que estas normas están consignadas a tres grandes áreas. El legislador afirmó que hay las que afectan al ámbito económico, las que buscan controlar la sociedad y las que llevan al manejo de las fuerzas del orden.
“Algunas son transversales. Definitivamente el Gobierno genera un paquetazo de leyes que tienen un tema en común, que puedes a través de decretos controlar la economía, a la sociedad y a las fuerzas del orden. Esto está muy bien pensado”, consideró Paz.
El asambleísta mencionó como ejemplo que este mecanismo ya es evidente. “El gobernador de Santa Cruz (Luis Fernando Camacho) llegó a la ciudad de Tarija, no hay un solo policía y le lanzan huevos. Viene la gresca contra los agresores, y ahí misteriosamente irrumpe la Policía, que está a media cuadra de la plaza. Pero como es manejada por el ministro, el mando es político. Ya no hay meritocracia”, dijo.
Paz complementó que “los diputados y senadores del MAS le han dado atribuciones al Poder Ejecutivo, a través de estas leyes, con el poder para que mediante decreto modifiquen las leyes a su gusto. Están matando el poder del debate de la Asamblea, de la representación de los departamentos, lo que es una suerte de traición de los asambleístas oficialistas a sus regiones que los eligieron para empoderar al partido; es decir, al Gobierno y el Estado”, detalló Paz.
Por su parte, la senadora Centa Rek, de la alianza Creemos, consideró que la protesta es contra todo el “paquete de leyes” aprobado por el oficialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional y no contra una sola norma en específico.
“Todas las leyes tienen el mismo diseño y van hacia el mismo fin. Todas tienen la misma carta escondida: que el presidente tenga la posibilidad de gobernar por decreto, de hacer cambios por decreto, es una anulación del Legislativo que no podemos aceptar”, señaló Rek.
La senadora Rasguido aseveró que “la 1386, que fue eliminada, estaba destinada a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, contrabando, corrupción y otros delitos, pero como los opositores defienden a estos grupos es que se eliminó la norma. Engañaron al pueblo boliviano con una movilización injustificada”.
La asambleísta oficialista aseveró que las otras leyes observadas serán consensuadas con los sectores en la reglamentación de cada una de ellas.
La Ley 1386, en uno de sus anexos, establecía también la posibilidad de hacer modificaciones a la normativa vía decreto. Se realizó un paro de nueve días y se logró que Arce abrogue la ley.
El Deber
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