El presidente Rodrigo Paz manifestó su preocupación por los recientes casos de corrupción, especialmente tras la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En el acto en conmemoración por el aniversario 84 de la provincia Obispo Santistevan, en el departamento de Santa Cruz, lamentó la “gran cantidad” de los actos irregulares y puso en duda la capacidad del sistema judicial para manejar la magnitud de las denuncias.
En sus palabras, la Justicia podría no “dar abasto” a la “inmensa cantidad” de procesos que se iniciarán contra exautoridades y exfuncionarios.
Rodrigo Paz
Se refirió a varias denuncias que señalan el supuesto desvío de combustible, cobros irregulares y otras operaciones ilícitas dentro de la estatal petrolera. El Presidente fue categórico al condenar estos hechos que, según su criterio, constituyen un grave delito contra la nación.
“Cuando te han robado de esa manera, es traición a la patria; tienen que pagar. Por eso hemos entrado a YPFB, estamos descubriendo cosas insólitas; no sé si la Justicia va a dar abasto para la inmensa cantidad de procesos que se van a iniciar por habernos robado parte del futuro de la patria”, afirmó Paz.
Los operativos de registro y allanamiento en las oficinas administrativas, plantas operativas, distritos comerciales y de redes de gas se ejecutaron simultáneamente en varias ciudades del país durante la pasada jornada. La cúpula de YPFB actuó inmediatamente para frenar las irregularidades.
Justicia
En respuesta a las investigaciones, Yussef Akly, el nuevo presidente ejecutivo de YPFB, anunció “medidas drásticas”. Estas incluyen la destitución de los directores distritales implicados y el cambio de personal en todas las unidades que están siendo investigadas por la Fiscalía y la Policía Boliviana.
Akly señaló que el objetivo principal de la investigación es lograr el “desmantelamiento total de estas estructuras ilícitas”. Según el ejecutivo de la estatal petrolera, estas organizaciones operaban y se consolidaron durante la gestión del expresidente Luis Arce.
Las autoridades buscan garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos estatales vitales. La magnitud de los procesos anunciados pone al sistema judicial bajo una presión inédita.
La Razón
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