La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) perfila un acuerdo para impulsar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), pero el proceso enfrenta una limitación constitucional mientras continúe vigente el estado de excepción decretado por el Gobierno.
El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan del Granado, advirtió que la propia Constitución establece que una reforma no puede comenzar mientras esté vigente un estado de excepción.
“No pueden encararse reformas según la misma Constitución. Esperemos que se acabe pronto el estado de excepción”, afirmó el legislador.
La advertencia cobra relevancia porque el estado de excepción actualmente vigente fue decretado a fines de junio y tiene previsto concluir el 18 de septiembre, aunque existe la posibilidad de que el Ejecutivo solicite una ampliación.
El diputado Carlos Alarcón señaló que cualquier eventual prórroga deberá ser analizada cuidadosamente, precisamente porque podría entrar en contradicción con el inicio del proceso de reforma constitucional.
“Hay que evaluar a fondo cuáles son los argumentos con los que el Ejecutivo y el presidente solicitarían ampliar el estado de excepción. Hay que analizar en qué medida una ampliación puede ser incompatible con el avance de la reforma constitucional”, sostuvo.
La Constitución es explícita al respecto. El artículo 140, parágrafo III, establece que “la reforma de la Constitución no podrá iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción”.
Pese a esta limitación, existe un principio de consenso entre las dos cámaras de la ALP para comenzar a trabajar en una reforma parcial de la CPE. El presidente del Senado, Diego Ávila, informó que las distintas bancadas alcanzaron un acuerdo para impulsar el procedimiento y consideró que la reforma es necesaria para el país.
Del Granado explicó que actualmente existen cinco proyectos de reforma que podrían ser compatibilizados. Entre los temas que deberían ser considerados mencionó los derechos, aspectos organizativos y cuestiones estructurales del Estado.
También planteó que la reforma debe incluir cambios en la administración de justicia, entre ellos un incremento progresivo del presupuesto del Órgano Judicial hasta alcanzar el 3%.
El procedimiento contempla que el proyecto sea trabajado inicialmente en el Senado, posteriormente pase a Diputados y finalmente sea tratado por el pleno de la Asamblea. Si el Legislativo aprueba la propuesta, el paso decisivo será un referéndum, en el que la ciudadanía deberá pronunciarse sobre los cambios constitucionales.
Así, el debate constitucional ya comenzó políticamente, pero su inicio formal dependerá de una condición establecida por la propia CPE: que no exista un estado de excepción vigente.
Ahoradigital
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