Ahoradigital.- La Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que busca restituir derechos laborales, profesionales y sociales a militares y policías que fueron dados de baja durante los procesos derivados de la crisis política y social de 2019.
La iniciativa, identificada como Proyecto de Ley N.º 154/2025-2026, fue presentada por los diputados de Unidad Carlos Alarcón y Alejandro Reyes y plantea mecanismos para la reincorporación de los uniformados afectados y la recuperación de derechos vinculados con su carrera profesional, seguridad social y jubilación.
“Este proyecto de ley va a devolverles la dignidad y los derechos que les han arrebatado a policías y militares”, afirmó Reyes, quien sostuvo que durante la elaboración de la propuesta también se recogieron aportes de representantes de los sectores policial y militar.
Según los proyectistas, las bajas se produjeron durante el gobierno de Luis Arce, en el marco de los procesos derivados de la crisis de 2019 y de la denominada narrativa del “golpe de Estado”. Los legisladores consideran que, en varios de estos casos, las sanciones y retiros fueron injustificados.
El diputado Carlos Alarcón sostuvo que la norma busca reparar lo que considera una afectación “arbitraria e injusta” a los uniformados, particularmente en aspectos relacionados con el desempeño de sus funciones, la carrera profesional, la seguridad social y la jubilación.

Los impulsores de la iniciativa argumentan además que los militares y policías involucrados cumplieron con su mandato constitucional durante la crisis de 2019, al participar en tareas destinadas a preservar el orden, contribuir a la pacificación y proteger a la ciudadanía.
La aprobación en comisión no implica todavía la reincorporación de los uniformados. El proyecto deberá ser remitido al pleno de la Cámara de Diputados, donde tendrá que continuar su tratamiento legislativo antes de convertirse eventualmente en ley.
La iniciativa vuelve a colocar en el centro del debate político las consecuencias de la crisis de 2019 y abre la discusión sobre la situación de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía que fueron retirados de sus instituciones durante los años posteriores.
El proyecto también representa una señal política del actual Legislativo: revisar decisiones adoptadas durante la gestión de Luis Arce y establecer mecanismos de reparación para quienes, según los actuales proyectistas, fueron afectados injustamente por esas determinaciones.
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