La Fundación Tierra, a través de un comunicado, denunció la dotación irregular de 33.480 hectáreas de tierra en el departamento de Santa Cruz a favor del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Branko Marinkovic.
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En 2009, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) revirtió las tierras de la familia Marinkovic porque, según los informes, fueron adquiridas en 1997 de forma ilegal.
“Hace unos días hemos tomado conocimiento de que el INRA estaría consolidando a favor del ministro de Economía, Branko Marinkovic, dos propiedades agrarias: Empresa Agropecuaria ‘Laguna Corazón’ de 12.480 hectáreas en la provincia Guarayos y la Empresa Agropecuaria ‘Tierras Bajas del Este’ de 21.000 hectáreas en la provincia Chiquitos, sumando un total de 33.480 hectáreas», señala el comunicado denominado Ante el tráfico de tierras en la gestión de Jeanine Áñez.
Asimismo, el pronunciamiento hace referencia a que la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, aprobada en la gestión del expresidente Evo Morales, prohíbe la adjudicación de tierras en beneficio de autoridades de Estado y funcionarios públicos hasta un año después de concluir sus funciones.
«Este caso tiene una doble connotación porque son propiedades con vicios de nulidad que superan el límite máximo de 5.000 hectáreas establecido en la Constitución Política del Estado (Artículo 398)», indica la Fundación Tierra.
Según la denuncia, en este periodo de 11 meses de gobierno de Áñez se entregó títulos agrarios en el departamento de Santa Cruz sin que los adjudicatarios cumplan la Función Económica Social (FES), requisito esencial para el reconocimiento del derecho propietario.
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«Expresamos nuestra preocupación por el manejo arbitrario del INRA durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Entregó miles de títulos agrarios en el Departamento de Santa Cruz, bajo el argumento de que los trámites se habían paralizado sin motivo alguno. Varias de estas propiedades, en especial las medianas y grandes, tenían observaciones jurídicas de fondo por tratarse de tentativas de apropiación ilegal de tierras fiscales y de latifundios que no cumplen la Función Económico Social (FES)».
Aparte, acusó al Gobierno de» favorecer al agropoder» con la aprobación del Decreto Supremo 4320 del 31 de agosto de 2020 y denunció que se «ocultó deliberadamente toda información sobre quiénes son los beneficiarios, qué extensiones tienen las propiedades tituladas y cuáles son las resoluciones de respaldo emitidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)».
La Fundación Tierra es una organización no gubernamental (ONG) que investiga desde 1991 temas agrarios y ambientales del país.
Tomado de La Razón
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