Entre tanto, el Ministerio de Economía, a través de un comunicado, avisó que las asignaciones mensuales correspondientes a la transferencia de los recursos de coparticipación tributaria bajarán por efecto del paro. El reporte gubernamental llegó tras la alerta de la universidad sobre la falta de recursos para cerrar el presupuesto de fin de año.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Economía se informó sobre uno de los efectos del paro, vinculado con la reducción de recursos de transferencias de recursos a universidades y municipios.
“Cada vez que se detiene la actividad económica, como el paro realizado en Santa Cruz, encabezado por autoridades de la Uagrm y el Comité Cívico pro Santa Cruz, hay pérdidas económicas provocando menor transferencia de recursos a los municipios y universidades, así como la atención de servicios en beneficios de la población”, señala el reporte.
Poco antes el director administrativo de la Universidad, Oscar Nogales, expresó su preocupación por estas reducciones y la ausencia de desembolsos para que esta entidad pueda cerrar el año.
“Hemos llegado a diciembre y no tenemos para cubrir los sueldos. Esta situación se debe a situaciones externas a la Universidad. Tenemos una disminución de los ingresos por coparticipación tributaria correspondientes al mes de noviembre”, apuntó Nogales en una rueda de prensa.
También expresó su preocupación por el “no desembolso” de estos recursos para los meses de octubre y noviembre. “Ahora ya hemos hecho la solicitud para diciembre”, apuntó la autoridad.
El Gobierno evita referirse al origen del conflicto. Entre julio de 2021 y noviembre de 2022 emitió tres decretos supremos con diferentes fechas para la realización del Censo de Población y Vivienda que permita la redistribución de recursos a las regiones y la reasignación de escaños parlamentarios en función a la población. El último, el 4824, emitido el pasado 14 de noviembre por el presidente Luis Arce, contempla la gran encuesta nacional para el 23 de marzo del 2024. El decreto fue elevado a rango de ley, a pedido del multitudinario cabildo de Santa Cruz del 13 de noviembre.
Para que se definiera la fecha del censo, la redistribución de recursos y la reasignación de escaños parlamentarios la Comisión Interinstitucional de Santa Cruz (conformada por la Uagrm, el Comité Cívico, la Gobernación y alcaldías) realizó 14 cumbres para exigir información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y al Gobierno, tres paros ciudadanos y dos cabildos, mencionó el abogado constitucionalista y asesor jurídico de la Comisión, José Luis Santistevan.
Por su lado, el rector de la Uagrm anunció que evaluará, en el curso de los próximos días, con el Comité Interinstitucional la estrategia jurídica de defensa y las tensiones que aún permanecen tras el conflicto por el censo.
“Esperamos que la justicia actúe de forma imparcial. Ha existido un pueblo que ha cumplido un paro indefinido, producto del mandato de un cabildo. Ha habido un cabildo paralelo, organizado por los movimientos sociales que respetamos y también ha existido un cerco a Santa Cruz que le ha privado de tener acceso a la alimentación a muchos ciudadanos, no solamente de este departamento”, afirmó.
En ese contexto, Cuéllar también llamó la atención sobre las agresiones a periodistas y las denuncias de abuso policial. “A la hora de hablar de procesos se tiene que hacer una valoración objetiva. Obviamente, no es el poder Ejecutivo quien tiene que hacer esta valoración objetiva de algunos delitos, si se hubieran cometido. El llamado a hacerlo es el Órgano Judicial, que debe demostrar su imparcialidad”, apuntó para insistir sobre el “contrasentido de judicializar las protestas”.
El presidente, Luis Arce, promulgó, finalmente el viernes, la Ley 1492 de Aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral, la norma que fue exigida en el cabildo del 13 de noviembre, el más multitudinario de la historia de Santa Cruz.
La norma, si bien establece la fecha de la encuesta para el 23 de marzo de 2024, refleja las promesas gubernamentales de la redistribución de recursos desde septiembre de 2024, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) presente los resultados de población. Más dinero para los municipios con más habitantes.
Estos mismos datos deben ser entregados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la reasignación de escaños en el Legislativa, siendo esta la segunda promesa del Ejecutivo y que no estuvo incorporada en el Decreto 4824, en el que se basó la nueva ley que puso un punto final al conflicto.
Arce dijo que no se aprobó “una ley de la derecha” y fustigó a quienes lideraron la protesta por supuestos delitos cometidos en ese contexto. “Por supuesto que los delitos que se han cometido no pueden quedar en la impunidad”, remarcó en el mensaje emitido el viernes por televisión
La Fiscalía General del Estado informó admitió la pasada semana tres denuncias contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el rector Cuéllar, y el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, “por la violencia de los 36 días de paro por el censo”.
“Estas denuncias van a ser procesadas. Se los trasladará a La Paz o se recibirá sus declaraciones en Santa Cruz”, informó Lanchipa.
“Queremos justicia por los cuatro fallecidos. Esa vulneración de derechos no puede quedar impune. No vamos a claudicar en este caso; vamos a pedir justicia. Estos señores que han querido desestabilizar a nuestro Presidente tienen que estar bajo la justicia”, anunció la senadora Virginia Velasco (MAS), una de las legisladoras que impulsó la Ley del Censo a pesar de la oposición de los parlamentarios de la llamada ‘ala Evista’.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, estuvo en Santa Cruz este fin de semana. “Lo único que ha generado este paro es la pérdida de vidas humanas y cientos y miles de heridos en el departamento de Santa Cruz. Ningún delito que se haya cometido en los 36 días de paro, de este paro forzado va a quedar en la impunidad y seguiremos investigando conforme a la normativa legal vigente”, afirmó la autoridad.
EL DEBER
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