La deuda flotante que el gobierno de Luis Arce dejó como herencia a la administración de Rodrigo Paz Pereira alcanzó los Bs 6.646 millones al cierre de noviembre de 2025, de acuerdo con el balance oficial de la ejecución presupuestaria registrado en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP). Se trata de obligaciones de corto plazo ya devengadas —por servicios, obras y compras ejecutadas— que no fueron canceladas por falta de liquidez y que ahora deben ser asumidas por el nuevo Gobierno, reduciendo de forma inmediata su margen fiscal y su capacidad de acción.
Economistas advierten que este tipo de pasivos tiene un impacto directo sobre la caja del Estado, ya que no se trata de compromisos futuros ni de proyectos en ejecución, sino de deudas exigibles que presionan el flujo financiero desde el primer día de gestión. En la práctica, esto obliga a priorizar el pago de compromisos heredados antes de destinar recursos a nuevas políticas públicas, inversión o programas sociales.
La dimensión del problema fue expuesta públicamente el pasado 16 de diciembre por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien reveló que la nueva administración recibió 1.790 cartas de acreedores, un indicador claro del volumen de obligaciones pendientes acumuladas durante la gestión anterior. En ese contexto, explicó que de los 550 millones de dólares obtenidos mediante un crédito con la Corporación Andina de Fomento (CAF), 429,3 millones —casi el 80 % del financiamiento— se destinarán a cubrir parte de la deuda flotante, y no a impulsar nuevos proyectos de inversión o desarrollo.
Este dato es clave porque revela que un crédito externo, que normalmente se utiliza para dinamizar la economía o financiar infraestructura, será absorbido en gran medida para tapar huecos de liquidez del pasado. Para los analistas, esto retrasa cualquier intento de reactivación económica basada en gasto productivo y deja en evidencia la fragilidad de las finanzas públicas.
El economista Fernando Romero explica que la deuda flotante condiciona de manera decisiva el arranque de una gestión gubernamental. Gobernar con obligaciones acumuladas de administraciones anteriores implica un espacio fiscal mucho más reducido y una menor “cintura financiera”. En términos prácticos, antes de diseñar y ejecutar políticas propias, el nuevo Gobierno debe concentrarse en honrar compromisos heredados, lo que limita su margen de maniobra y su capacidad de responder a nuevas demandas sociales y económicas.
Desde una mirada similar, el economista Rubén Arias considera que el nivel de deuda flotante es alto y refleja un patrón de gasto que superó sistemáticamente la capacidad real de pago del Estado. A su juicio, esta deuda funcionó como una forma de financiamiento encubierto, trasladando la presión fiscal al siguiente gobierno. Arias subraya que no se trata de deuda asociada a inversión productiva, sino de obligaciones corrientes que superan niveles prudentes de endeudamiento y distorsionan la sostenibilidad fiscal.
Para el economista Jaime Dunn, estas cifras son el reflejo de un problema estructural más profundo. Señala que la acumulación de deuda flotante es consecuencia de años de gasto público insostenible, caída de los ingresos por hidrocarburos y un esquema de financiamiento apoyado en emisión inorgánica y transferencias del Banco Central de Bolivia (BCB). En ese escenario, el nuevo Gobierno hereda un Estado con “caja vacía” y enfrenta un riesgo real de colapso económico si no adopta medidas de ajuste y corrección de fondo.
En términos relativos, los Bs 6.646 millones de deuda flotante representan el 2,23 % del Presupuesto General del Estado consolidado 2026, que entró en vigencia el 1 de enero y asciende a Bs 298.332 millones. Aunque el porcentaje puede parecer acotado, los especialistas advierten que para compromisos de corto plazo sin financiamiento explícito se trata de un volumen elevado, especialmente en un contexto de restricción de ingresos y acceso limitado a nuevas fuentes de crédito.
El análisis de la ejecución presupuestaria muestra además que más del 70 % de la deuda flotante no se origina en la Administración Central, sino en entidades y empresas dependientes del Tesoro General de la Nación (TGN). Este dato revela problemas estructurales de gestión y planificación financiera, así como una desconexión entre la ejecución presupuestaria y el flujo real de recursos.
Las entidades descentralizadas concentran Bs 2.839 millones, equivalentes al 42,7 % del total. Se trata de instituciones que operan con presupuestos propios, pero que, al no contar con liquidez suficiente, trasladan sus obligaciones al nivel central. Para los analistas, esta práctica distorsiona la contabilidad fiscal y esconde déficits que luego emergen como deuda flotante.
Dentro de este grupo, el Instituto del Seguro Agrario presenta uno de los casos más llamativos. Aunque registra una ejecución presupuestaria del 88,18 % de los Bs 34 millones asignados, el 62,02 % de ese monto, equivalente a Bs 21,1 millones, corresponde a deuda flotante. Situaciones similares se observan en el Fondo de Financiamiento para la Minería y en el Consejo Nacional de Vivienda Policial, donde alrededor de una quinta parte del presupuesto ejecutado terminó convirtiéndose en obligaciones impagas.
En términos absolutos, el propio TGN concentra Bs 1.519 millones de deuda flotante, seguido por el BCB con Bs 645 millones. También superan los Bs 50 millones entidades como el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, la Administradora Boliviana de Carreteras y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo que evidencia que el problema no es aislado, sino transversal a distintas áreas del Estado.
Las empresas públicas representan otro foco crítico. El 29,5 % de la deuda flotante total está concentrada en este sector, pese a que hasta noviembre de 2025 cerca del 40 % de estas empresas no logró ejecutar ni la mitad del presupuesto asignado. Esto sugiere ineficiencias operativas y problemas de gestión que se traducen en obligaciones acumuladas.
La empresa Servicios Aéreos Bolivianos (Esabol) destaca por su alto peso relativo, con casi el 30 % de su presupuesto convertido en deuda flotante. En términos monetarios, YPFB lidera con Bs 1.266 millones, aunque este monto representa solo el 2 % de su presupuesto total, seguida por ENDE, Emapa, EBA y Boliviana de Aviación (BoA).
Para Dunn, el hecho de que casi un tercio de la deuda flotante se concentre en empresas públicas implica subsidios implícitos y una transferencia constante de recursos desde el nivel central para sostener entidades que no son financieramente autosostenibles. Arias coincide y advierte que el Estado no solo financia estas empresas, sino que además absorbe sus pasivos, ampliando el riesgo fiscal y comprometiendo recursos que podrían destinarse a áreas prioritarias. Romero añade que la dinámica suele derivar en mayor emisión inorgánica y endeudamiento interno, profundizando desequilibrios macroeconómicos.
Además de las entidades descentralizadas y las empresas públicas, el 16,5 % de la deuda flotante se concentra en instancias de seguridad social, como las Cajas de Salud y la Gestora Pública. La Administración Central representa el 10,6 %, mientras que apenas el 0,6 % corresponde a los órganos independientes del Estado, entre ellos el Legislativo Plurinacional, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Órgano Electoral.
En conjunto, la radiografía de la deuda flotante revela un Estado que durante años operó al límite de su liquidez, postergando pagos y trasladando obligaciones al futuro. La gran incógnita, coinciden los analistas, es si el nuevo Gobierno optará por corregir de manera estructural el modelo de gasto y gestión pública o si continuará administrando la coyuntura con más endeudamiento y parches fiscales, dejando una vez más la factura a las siguientes administraciones.
Fuente: El Deber
Mira también
