El exministro de Gobierno Carlos Romero alertó hoy sobre presuntas irregularidades en la compra de material plástico para carnets del SEGIP realizada el año pasado por el Ministerio de Gobierno en la gestión de Jeanine Áñez. Esta es una nueva denuncia en contra de la cartera que estaba a la cabeza del exministro Arturo Murillo.
Romero argumentó, con documentación digital, que existen dos aspectos para realizar una investigación a la compra. La primera es que la empresa que se adjudicó el contrato es del rubro de limpieza en la ciudad de La Paz y la segunda es que la gestión de Áñez amplió la vigencia de validez de las cédulas de identidad debido a las restricciones de la pandemia, por lo cual esta compra “no era necesaria”.
“Hemos encontrado dos documentos, supuestamente el Ministerio de Gobierno en 2020 hizo una compra para la plastificación de carnets en SEGIP, primero una compra innecesaria, porque, según lo que sé, había un stock para eso y en cuarentena, recuerden, se amplió la vigencia de carnets de identidad.
Entonces no había necesidad de esta compra”, dijo Romero a tiempo de pedir a las autoridades actuales que se investigue este caso.
Además, según Romero y la base de datos del personal en SEGIP, el entonces encargado de la institución “es un señor de apellido Fernández Méndez, quien podría resultar ser pariente de Méndez, el jefe de gabinete de Murillo”, reveló Romero.
El exministro dio estas declaraciones hoy a través de una transmisión de Facebook Live en su cuenta personal en la que la exautoridad develó el proceso de licitación que hace el Ministerio de Gobierno ante cualquier compra, refiriéndose, específicamente, al caso de compra de armas no letales que realizó el Ministerio de Gobierno a la cabeza de Arturo Murillo el año pasado y bajo la cual está siendo procesado en Estados Unidos por presuntamente haber cometido el delito de lavado de dinero.
PROCESO DE LICITACIÓN
Romero explicó que el proceso de licitación pública del Ministerio de Gobierno es un trámite auditado y público junto a cualquier empresa participante. La exautoridad aseguró que el decreto excepcional que aprobó la gestión de Añez vulneró este proceso, el cual detalló paso a paso.
El exministro explica que en toda contratación se deben cancelar tres impuestos: Impuesto a las Transacciones (con alícuota de 3%), el Impuesto al Valor Agregado (con alícuota de 13%) y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (con alícuota de 25%). Adicionalmente, aclara Romero, tratándose de productos que vienen del exterior se debe cancelar el Impuesto al Valor Agregado Aduanero (con alícuota de 15%). El porcentaje total de estos impuestos es de 56%.
La totalidad de estos impuestos debe ser depositada en el Tesoro General de La Nación.
Romero explicó que una vez lanzada la convocatoria a las empresas que proveen estos servicios, se realiza una revisión junto a todos los concursantes y un notario, además, para transparentar el proceso, se realiza una filmación que se guarda como registro en los archivos del Ministerio de Gobierno. Previamente, se revisa la documentación presentada por la institución pública que requiere material, en este caso la Policía Boliviana, quienes deben realizar una cotización con empresas que venden los materiales requeridos.
Finalmente, se establece un precio base sobre el cual las empresas concursantes deben basar su propuesta.
CASO MURILLO
El exministro afirmó que en el caso que compete a la anterior gestión del Ministerio de Gobierno, a la cabeza de Arturo Murillo, se omitió todo este proceso por un decreto excepcional y que el monto en impuestos, el cual asciende a 28 millones de bolivianos, en lugar de ir al Tesoro General de la Nación, fueron a parar a cuentas particulares.
“A través del decreto, lograron hacer que el intermediario sea BTS (Bravo Thactical Solutions) y sin el procedimiento habitual desviaron el dinero a sus cuentas”, sentenció.
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