La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, junto con otras organizaciones sociales envió cinco condiciones al Gobierno central para instalar una mesa de diálogo. Dentro del documento enviado señala que dan un plazo de 24 horas para cumplir estas demandas, de lo contrario masificarán las medidas de presión.
“Exigimos de manera inmediata que se cumplan los cinco puntos que tiene este documento en un plazo de 24 horas, como muestra de la buena fe que tiene el gobierno para solucionar los muchos problemas estructurales y que han llevado al país a una crisis económica y social”, indica la misiva enviada al Ejecutivo.
Las demandas son las siguientes:
1. La creación de una Comisión de control en frontera y anulación de contratos por combustible adulterado
El documento señala que esta Comisión se encargará de verificar en los puntos fronterizos la calidad de los carburantes antes del ingreso y distribución en el país. En caso de que el combustible importado no cumpla con los estándares, indica que el Estado deberá proceder a la anulación inmediata de los contratos de importación con las empresas proveedoras.
“Resarcimiento inmediato por el costo de reparación de los vehículos y maquinarias dañadas como consecuencia directa del combustible adulterado distribuido”, agrega.
2. La regulación temporal de obligaciones financieras por seis meses
Dentro de las demandas, indican que el Ejecutivo debe instruir al sistema financiera a través de la ASFI, el congelamiento temporal de intereses y cargos por mora, durante seis meses, sobre las obligaciones contraídas por la población boliviana. Durante ese período, las entidades financieras no aplicarán intereses corrientes, multas ni intereses penatorios sobre los créditos vigentes, indica la nota.
3. La abrogación de decretos supremos que consideran “inconstitucionales”
Los campesinos señalan que “los decretos promulgados por el Ejecutivo que vulneran la Constitución Política del Estado deben ser abrogados inmediatamente” y señala los siguientes:
-Decretos 5618 – 13 de mayo, 2025 / Decreto 5579: argumentando que este impulsa una minería sin control, al quitar deudas, multas y fiscalizaciones, las cooperativas pueden seguir y ampliar la extracción sin cumplir normas ambientales ni tener licencias actualizadas, lo que genera contaminación de agua y suelos, uso de mercurio y sustancias tóxicas en ríos, fuentes de agua y tierras que quedarán contaminadas, no servirán para beber, pescar, ni cultivar, daña fauna y la salud de las comunidades y toda la población.
-Decreto 5517 – 13 de enero 2026: Autoriza a privados importar, vender y comercializar diésel, gasolina y derivados, encaminando a la privatización de YPFB. Suspende por 1 año el diésel de la lista de sustancias controladas se elimina permiso previo de la policía al control de sustancias, impulsando su utilización a minería ilegal y al narcotráfico.
-Decreto Supremo 5519 – 13 de enero 2026: Señala que modifica normas de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías (AGETIC), amplía sus facultades, elimina controles y centraliza manejo de datos, sistemas y comunicaciones del Estado; permite intervenir redes, información y servicios digitales sin requisitos previos ni autorizaciones independientes.
-Decreto 5515 — 29 de diciembre, 2025: Este decreto permite al presidente ejercer funciones desde el exterior por medios digitales.
Los campesinos consideran que genera inseguridad jurídica y que no hay reglas claras de competencias.
-Decretos 5550, 5551, 5552 – 20 de febrero, 2026: Consideran que estos decretos promueven la concentración de poder y eliminación de controles. Sostienen que operan como un sistema articulado cuyo efecto conjunto es la concentración absoluta del poder en el Ejecutivo.
-DS 5550: Indican que centraliza el control de toda información pública, datos ambientales, territoriales y sociales. Habilita la ocultación de contaminación, daños o violaciones; suprime la transparencia y el acceso a datos reales.
-DS 5551: Manifiestas que concentra en el Ejecutivo la administración de toda ayuda social, alimentos, subsidios y recursos. Condiciona su distribución al apoyo político y despoja a organizaciones indígenas y campesinas del manejo de sus propios bienes.
-DS 5552: Remarca que destruye la instancia independiente de defensa de derechos, medio ambiente y territorio, eliminando la autoridad con capacidad de frenar abusos, recibir reclamos y proteger a la población.
4. Decreto de Amnistía presidencial y restitución total de garantías
Mira también
“Se exige la emisión inmediata de un Decreto de Amnistía Presidencial que garantice el respeto al fuero sindical y frene la persecución política, judicial y económica de todos los detenidos, aprendidos, cautelados en estos conflictos sociales”, remarca.
Agrega la devolución de fianzas o garantías en juzgados para obtener libertades condicionales de las personas que fueron aprehendidas y arrestadas durante las movilizaciones. También piden el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a las familias de los heridos y fallecidos durante los enfrentamientos del conflicto.
5. Abrogación de la Ley 1740 de Regulación de Estados de excepción.
“Se rechaza de forma categórica la normalización del despliegue militar contra la población civil para el levantamiento de bloqueos y el control del orden interno. La Ley N° 1740 es inconstitucional y representa un riesgo directo para la vida de los bolivianos. Se exige su abrogación inmediata”, remarca la última demanda.
Finalmente exigen la desarticulación de “grupos de choque paraestatales”, como la Unión Juvenil Cruceñista, la Resistencia Juvenil Cochala y demás resistencias.
“Las cinco exigencias establecidas en este documento conminamos al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, de manera inmediato e irrenunciable, no están sujetas a modificación parcial. El Gobierno tiene 24 horas para ejecutar estos cinco puntos, caso contrario se masificarán las protestas sociales. Los campesinos señalan que estas cinco demandas no están sujetas a ninguna modificación parcial”, concluye el documento.
Fuente: Unitel
