El presidente Rodrigo Paz se refirió nuevamente a la salida de Bolivia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien anunció que abandonó el país junto a su familia y se declaró en el exilio, argumentando que su vida y su libertad estaban en riesgo.
Desde España, el mandatario evitó emitir una valoración directa sobre la decisión del magistrado y sostuvo que las razones de su salida se conocerán con el paso del tiempo.
“Él tendrá sus motivos. Lo que es cierto es que la justicia tiene problemas muy de fondo y creo que con el tiempo irán develándose los motivos por los que salió del país”, manifestó Paz en una entrevista con medios de comunicación estatales.
La salida de Saucedo se produjo en medio de una fuerte controversia política y judicial. El magistrado denunció una supuesta persecución política y advirtió que podrían fabricarse pruebas en su contra para desacreditarlo. También aseguró que no renunciará a la presidencia del TSJ.
Sin embargo, horas después de anunciar su salida, se conoció que la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra dentro de una investigación por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

Paz apunta a una reforma estructural de la justicia
El presidente sostuvo que la situación de Saucedo debe entenderse dentro de una problemática mucho más profunda del sistema judicial boliviano.
“Creo que más allá del señor Saucedo, lo importante que queremos los bolivianos es una justicia correcta”, afirmó.
Asimismo, señaló que el Gobierno busca cooperación nacional e internacional para impulsar cambios institucionales y recuperar la transparencia y la confianza en la administración de justicia.
Paz también mencionó que el proceso de reorganización alcanza al Ministerio Público, donde, según sus declaraciones, existían serios indicios de vinculación con el narcotráfico y el narcoterrorismo.
La salida de Saucedo y la orden de aprehensión en su contra abren un nuevo capítulo de tensión institucional, mientras crecen las interrogantes sobre las relaciones entre el poder político, la justicia y las investigaciones por presuntos vínculos con estructuras criminales.
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