Ahoradigital – El vocero presidencial, José Luis Gálvez, cuestionó el papel que desempeñaron Romer Saucedo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y Roger Mariaca, exfiscal general del Estado, en medio de las investigaciones sobre presuntas redes de corrupción y protección al crimen organizado dentro del sistema judicial boliviano.
“Eran personas que tenían que proteger a la sociedad”, afirmó Gálvez al referirse a las responsabilidades institucionales que ambos ejercieron en el país.
La autoridad sostuvo que, en el caso de Mariaca, las investigaciones refuerzan la hipótesis de que, en lugar de garantizar la seguridad de la población, presuntamente habría brindado protección a estructuras del crimen organizado.
Respecto a Saucedo, el vocero calificó su salida de Bolivia como una “muy mala señal”, considerando que el Ministerio Público lo investiga por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
GOBIERNO HABLA DE DESMONTAR REDES DE CORRUPCIÓN
Gálvez afirmó que el país atraviesa un proceso de desmontaje de una estructura de corrupción que, según las investigaciones, habría brindado protección a organizaciones criminales desde instituciones del aparato judicial.
En ese contexto, remarcó que la justicia no puede convertirse en un refugio para redes delictivas y que las investigaciones deben permitir establecer hasta qué punto estas estructuras lograron penetrar las instituciones del Estado.
Sin embargo, el vocero aclaró que el Órgano Ejecutivo no tiene atribuciones para dictar sentencias, perseguir jueces ni dirigir investigaciones, debido a que esas competencias corresponden al Ministerio Público y a las instancias judiciales.
También se refirió a los anteriores cuestionamientos de Saucedo al Gobierno por el presupuesto del Órgano Judicial y sus demandas institucionales. Gálvez sostuvo que esos pronunciamientos deben analizarse ahora considerando los elementos que están surgiendo en las investigaciones.
SAUCEDO Y MARIACA, EN EL CENTRO DE LA CRISIS JUDICIAL
La situación de ambos exfuncionarios se convirtió en uno de los principales focos de atención política y judicial.
Mariaca permanece detenido preventivamente mientras enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con organizaciones criminales y narcotráfico.
Saucedo, por su parte, anunció que abandonó Bolivia junto a su familia y se declaró en el exilio, denunciando que su vida estaría en peligro y que existiría una persecución política en su contra.
Mientras el Gobierno sostiene que las investigaciones buscan desmontar redes de corrupción, el caso abre un nuevo capítulo de confrontación sobre la independencia judicial, el funcionamiento de las instituciones y las responsabilidades de quienes ocuparon las máximas autoridades del sistema de justicia.
Ahoradigital con información de Correo del Sur.
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