Es “injusto e inaceptable” se hable de “traición” por el acuerdo que viabilizó la aprobación de la ley de aplicación de resultados del censo, porque consolidó la pacificación en Santa Cruz, y ahora resta que los responsables del paro violento, con muerte y pérdidas económicas respondan por lo hecho ante la Justicia, afirmó el portavoz presidencial Jorge Richter.
“Lo que se ha trabajado, finalmente, es un acuerdo puntal y específico, para pacificar el país. Eso no es correcto ni justo tampoco equipararlo a un criterio de traición, eso no corresponde”, insistió respecto a las observaciones surgidas dentro del MAS a la aprobación de la ley que terminó por cerrar el conflicto alentado por líderes cruceños con la bandera del censo.
A pesar que el paro de 36 días se sustentaba en la exigencia del censo en 2023, el gobernador Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, terminaron aceptando la decisión de Gobierno, apoyado en un estudio técnico, de fijar el censo para el 23 de marzo de 2024.
Pero pedían que esa decisión, ya inscrita en el decreto 4824, junto a la decisión de redistribuir recursos económicos desde septiembre de 2024, al igual que el compromiso de entregar datos para la reasignación de escaños legislativos, sea ratificada por una ley.
Richter dejó en claro que el acuerdo que viabilizó la ley tenía un objetivo específico y es cualitativamente distinto a los acuerdos que caracterizaban al modelo de pactos políticos, porque incorporaban una cooptación del poder, lo que no ocurrió hoy.
“El país ha encontrado paz y tranquilidad, ¿qué falta? que estos señores (líderes del paro) le respondan a su sociedad, pero también a la Justicia por lo que le han causado durante 36 días a Santa Cruz. Pueden levantar la voz, pueden tener un tono muy amenazante -si se quiere-, cuando salen y declaran, pero eso no los va a eximir de sus responsabilidades, nadie puede pensar de que eso los va a liberar de su responsabilidad”, aseguró en una entrevista con Bolivia TV.
El denominado Comité Impulsor de Justicia en Chuquisaca presentó una denuncia contra Camacho y Calvo por delitos de discriminación, racismo, organización criminal, atentado contra altas autoridades del Estado, además de atribuirse los derechos del pueblo, cometidos durante el paro.
En La Paz también fue presentada una denuncia por la COR de El Alto en contra de Camacho, Calvo y Cuéllar, líderes de un paro caracterizado por hechos como violencia, racismo, discriminación, saqueos y quema de la sede de los campesinos.
Richter cuestionó que los líderes del conflicto hablen de persecución política cuando se entablan demandas para que respondan por sus responsabilidades en los hechos como la violencia, muerte, racismo, discriminación y pérdidas económicas que superaron los $us 1.200 millones.
“Cuando ellos son señalados o interpelados con la Justicia, es persecución política, una construcción para rodearse de impunidad”, cuestionó y aseguró que la “Justicia los va a alcanzar más temprano que tarde”.
Camacho y el Comité pro Santa Cruz salieron al frente de los procesos abiertos y denunciaron, justamente, persecución política.
Tomado de Opinión
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