La expresidenta Jeanine Añez se retiró este viernes de la audiencia judicial que administra el caso Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) debido a que este proceso se instaló por la vía ordinaria, lo que considera incorrecto al ser la denuncia por acciones que se realizaron durante su Presidencia entre 2019 y 2020
“Ustedes hagan lo que quieran, pueden darme pena de muerte si quieren o pueden darme cadena perpetua si quieren y aunque no está en el ordenamiento jurídico, por agradar a sus jefes políticos lo pueden hacer, pero ya basta. A mí déjenme en paz, me retiro para que procedan a dictar la resolución que recibieron del Chapare o del Palacio de Gobierno”, aseveró en la audiencia que se realizó por la vía virtual.
Añez asegura que para ser juzgada por esta y otras denuncias referidas a su mandato se debe seguir el procedimiento constitucional, que señala que debe haber una aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el juicio de responsabilidades debe ser llevado adelante por el Tribunal Supremo de Justicia.
“Ustedes no son tribunal competente para procesar a una exmandataria de Estado, hasta un dictador tuvo debido proceso y a mí me corresponde un juicio de responsabilidades les guste o no”, dijo Añez.
La expresidenta calificó su proceso judicial de un “linchamiento disfrazado de legalidad” cuyo resultado, denuncia, fue ordenado por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo
“Hasta aquí asumo haber agotado todas las acciones y recursos internos para ser debidamente procesada en un juicio de responsabilidades, toda vez que este proceso emerge de que mi persona emitió una resolución suprema en mayo de 2020 en pleno ejercicio de mis funciones como presidenta”, señaló.
Según los antecedentes del caso EBA, en 2021 el Ministerio Público imputó a la expresidenta por la designación irregular de una funcionaria en un alto cargo de dicha empresa estatal, donde se expone que la ejecutiva no cumplía requisitos para el cargo, como una licenciatura.
La Fiscalía imputó a la expresidenta por los presuntos delitos de nombramiento ilegal, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones y complicidad.
En otras ocasiones, los abogados de Áñez y su hija Carolina Ribera dijeron que negar el juicio especial confirma el “quebrantamiento del Estado de derecho” en Bolivia.
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