Apolinar Apaza Mamani, Jiliri Apu Mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyo (Conamaq) y Rómulo Limachi, secretario de la Comisión Tierra y Territorio de la misma organización fueron identificados como los dirigentes que grabaron una conversación telefónica del Presidente, Luis Arce.
“Suspender de manera temporal al tata, Apolinar Apaza Mamani Jiliri Apu Mallku del Conamaq, por el caso ocurrido en desmedro de la institución originaria y del Estado plurinacional, con sanción de acuerdo a las normas y procedimientos propios”, señala la resolución 001/2021 del 3 de marzo de este año.
Hace una semana apareció un video en la que aparece la voz del Primer Mandatario en conversación con el dirigente Apolinar Apaza. En ese video Luis Arce se refiere como “pititas” a dos altos ejecutivos de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), con sede en La Paz, que debían ser despojados de sus cargos. Arce afirmó, en el video, que existía una “instrucción” al ministro de Aguas, Juan Santos Cruz.
Pero el que grabó el video fue Rómulo Limachi, ahora él también fue enviado a proceso interno luego de una dura molestia del Jefe de Estado que les comunicaron a las máximas autoridades de esta organización.
Según los propios dirigentes, hubo una convocatoria desde la Presidencia a los principales dirigentes del Conamaq, en esa reunión les hicieron conocer una molestia de Arce Catacora y la advertencia de que no volverá a conversar con los dirigentes que se busquen una comunicación directa. Entonces Conamaq decidió el procesamiento de los dos dirigentes.
En su resolución, la dirigencia campesina evita mencionar la grabación del video y la molestia que provocaron en el Presidente y solo mencionan “un documento y filmación colgada en redes sociales”, para referirse al caso.
“Para el cumplimiento de la presente resolución, son encargados la comisión de Justicia indígena originaria del Conamaq, el mismo que será remitido al hermano Presidente, Luis Arce Catacora”, señala el último punto de este documento que fue aprobado el miércoles 3 de marzo.
El Deber
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