La abogada, Carmen Arista, defensa legal de los tres jóvenes que participaron en la marcha de los médicos, informó que presentó una demanda ante cuatro instancias internacionales para dejar un precedente de que la justicia en Bolivia es manipulada y que existe intromisión de grupos militares que atentan contra grupos civiles.
«El día de ayer (jueves) se presentó la denuncia a través de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) a cuatro instancias internacional, estamos hablando de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Human Rihghts Watch, que defiende también los derechos de las personas y la Corte Europea de Derechos Humanos (ECHR, por sus siglas en inglés) para que adviertan específicamente dos cosas: la intromisión de inteligencia militar en organizaciones civiles y la instrumentalización de la justicia que se presta a armar estos procesos para escarmentar a la población vulnerando los derechos de las personas lo que ha ocurrido en el presente caso», explicó la jurista a la ANF.
El pasado 21 de junio se detuvo a ocho personas después de la marcha de los médicos, todos fueron conducidos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), cuatro de ellos se registraron con otros nombres y al momento de liberarlos dieron sus verdaderos nombres y solo una mujer que también fue aprehendida y que dio su nombre real. La defensa legal de los tres que quedaron aprehendidos hicieron las investigaciones y resultó que estas personas pertenecían al Ejército, tres eran tenientes y un suboficial.
La jurista señaló que la demanda también va en contra de 10 autoridades judiciales, entre jueces y fiscales, además de autoridades de gobierno que sabiendo que este proceso es injusto por la intromisión de inteligencia militar continúan callados y esto genera una jurisprudencia aberrante para la justicia.
«La abogada se pregunta ¿el enemigo del Estado sería el propio boliviano? o ¿Cuál es la intencionalidad de la intromisión de las milicias en las organizaciones civiles? Esto debe ser respondido por el Gobierno y específicamente por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo quien fue el primero en exponer a los tres jóvenes sin autorización, lo que generó la injerencia política sobre los funcionarios del Ministerio Público quienes al ver la publicación se han visto obligados a imputar y eso lo dijo el fiscal de turno», indicó.
La abogada indicó que también se solicitó que una comisión internacional llegue al país para demostrar con pruebas fehacientes la vulneración de los derechos de los tres presos políticos.
Hasta el momento la justicia negó en seis oportunidades la libertad de los detenidos Rodolfo R. O., Mauricio B. H., y Ricky Blas F. que están detenidos por el delito de tenencia porte y portación ilícita; al ser expuestos por el ministro de Gobierno dijo que tenían escudos y petardos. Sin embargo, no tenían armas.
ANF
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