La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM Bolivia) se declaró en estado de emergencia tras denunciar que el Gobierno nacional impuso una restricción presupuestaria del 80% a la ejecución de recursos de las Entidades Territoriales Autónomas, medida que —según la institución— fue aplicada de manera “sorpresiva, injustificada y sin sustento técnico ni legal”. El pronunciamiento está fechado el 5 de enero de 2026 y apunta directamente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como la instancia responsable.
De acuerdo con el documento oficial, la restricción limita de forma severa el uso de los recursos públicos municipales que se encuentran plenamente vigentes dentro del Presupuesto General del Estado. La FAM advierte que esta decisión afecta de manera directa el ejercicio de las competencias constitucionales y legales de los Gobiernos Autónomos Municipales, comprometiendo la prestación de servicios básicos, la ejecución de proyectos de inversión pública, el cumplimiento de obligaciones laborales y contractuales, así como la continuidad de programas sociales fundamentales para la población.
El pronunciamiento sostiene que la medida fue aplicada sin un instrumento legal expreso que la respalde y que las explicaciones recibidas por parte del nivel central fueron únicamente verbales y carentes de sustento normativo.
El Sistema Asociativo Municipal también denuncia que la restricción presupuestaria vulnera el régimen de autonomías consagrado en la Constitución Política del Estado, al afectar la autonomía política, administrativa, financiera y económica de los municipios. Según el documento, no existe causal legal que justifique una limitación unilateral a la ejecución de presupuestos municipales que se encuentran plenamente vigentes, lo que —advierten— genera un precedente grave para la institucionalidad autonómica del país.
Ante este escenario, la FAM Bolivia exige al Gobierno nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el levantamiento inmediato de las restricciones presupuestarias, con el fin de restablecer plenamente la disponibilidad y uso de los recursos municipales, advirtiendo que la persistencia de la medida podría derivar en efectos económicos, sociales y administrativos irreversibles en los municipios del país. El pronunciamiento fue emitido en la ciudad de La Paz el 6 de enero de 2026.
Fuente: DTV
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