Según el Gobierno, el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez estará sustentado por el Decreto Supremo 4078, que fue promulgado el 15 de noviembre y que, según el ministro de Justicia Iván Lima, originó las masacres en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).
Lima fue a Tarija para buscar consensos sobre las reformas a la justicia ordinaria, en el marco del cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero aprovechó la ocasión para cargar contra el gobierno de Jeanine Áñez.
Calificó al Decreto Supremo 4078 de «decreto de la muerte», que -según su versión- permitió a policías y militares disparar contra los manifestantes en ambos lugares y que, de no haber sido promulgada esa normativa, las fuerza pública no iba a actuar.
Con ese decreto, prosiguió Lima, se eximió de responsabilidad penal a las fuerzas del orden para reprimir en Sacaba el 15 de noviembre de 2019 y cuatro días después en Senkata, donde 22 personas murieron por disparos de armas de fuego.
Según Lima, en el marco del principio de verdad material y por ese decreto, es posible llevar adelante el juicio de responsabilidades contra Áñez por lo acontecido en los conflictos de noviembre.
Cree que si Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos no aceptan el el juicio de responsabilidades contra Áñez, mediante los 2/3 de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), «serán los responsables de negar la justicia que demandan familiares de los 22 fallecidos».
Desde que el MAS retornó al poder, en las elecciones de octubre de 2020, impulsa la teoría de que lo sucedido en noviembre de 2019 se trató de un golpe de Estado contra Evo Morales.
Morales, 20 días después de las elecciones nacionales, renunció a la Presidencia de Bolivia orillado por las protestas generalizadas en el país, que denunciaban fraude a favor del Movimiento Al Socialismo. Tras su salida del país, Jeanine Áñez asumió el mando del Gobierno de transición.
Una vez el MAS retornó al poder ha enviado a la cárcel a Jeanine y a varios de sus exministros, así como a jefes policiales y militares, acusándolos de una serie de delitos en el marco del presunto golpe de Estado.
El Deber
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