El presidente Rodrigo Paz cumple este domingo un año de Gobierno marcado por ajustes insuficientes para enfrentar la crisis económica, un Ejecutivo cuestionado por su falta de capacidad y claridad para llevar las riendas del país y un sistema judicial sacudido por investigaciones sobre presuntos vínculos con el narcotráfico. Asumió el 8 de noviembre de 2025, tras 20 años de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), y su llegada al poder supuso el inicio de un nuevo ciclo político y económico.
Heredó una economía en crisis por la falta de dólares, el desabastecimiento de combustibles y el declive de la producción de hidrocarburos. En diciembre de 2025, el Ejecutivo aprobó el Decreto 5503 con el que pretendía implementar un paquete de reformas estructurales y de ajuste, incluido el retiro de la subvención a los combustibles. La medida, sin embargo, fue inmediatamente resistida por distintos sectores sociales, liderados por la Central Obrera Boliviana (COB). Ante las protestas, Paz decidió abrogar la norma y mantener únicamente el incremento en los precios de los carburantes.
Ese mismo mes, el vicepresidente Edmand Lara se declaró opositor al Gobierno, luego de que Paz eliminara el Ministerio de Justicia, la cartera que debía estar a cargo de un ministro sugerido por el segundo mandatario, y decidiera apartarlo de las decisiones del gabinete por sus constantes críticas contra el Ejecutivo.
Después de eso, el Gobierno mostró lentitud en sus decisiones para enfrentar tanto la crisis económica como el resto de las reformas que prometió en campaña, especialmente las referidas al tipo de cambio del dólar. Recién en junio implementó un régimen cambiario flexible y meses después, en octubre pasado, firmó un acuerdo por 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pese aa que en la campaña prometió que no iba a acudir a este organismo.
Antes, en marzo, cayó el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue inmediatamente expulsado a EE.UU., con lo que el Gobierno ejerció su primer gran golpe contra el narcotráfico. En coincidencia con su captura se volvieron recurrentes los asesinatos por encargo, principalmente en Santa Cruz, lo que las autoridades atribuyeron a pugnas territoriales entre organizaciones criminales como las brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho.
Entre abril y junio se acumularon los conflictos. Primero estalló el malestar por la mala calidad de la gasolina que se distribuyó en el país, lo que dañó millas de vehículos, y se acentuó el desabastecimiento de carburantes, lo que provocó interminables filas en las estaciones de servicio.
Entre mayo y junio, la COB, campesinos de La Paz y sectores leales a Evo Morales decidieron unir fuerzas y protagonizaron los mayores conflictos del año, con bloqueos de carreteras que dejaron pérdidas por más de 3.000 millones de dólares, según datos del Gobierno. El intento de derrocamiento contra Paz se resolvió con un acuerdo con la COB, criticado por sectores opositores, y un decreto de estado de excepción.
A fines de julio, en el plano político, el empresario Samuel Doria Medina, líder de la Alianza Unidad, retiró su apoyo al Gobierno por su preocupación por “la corrupción”, la falta de un cambio “integral” en el Estado y la forma de hacer las cosas en el Ejecutivo.
El mes siguiente estalló el mayor escándalo vinculado al Gobierno. El consultor argentino Fernando Cerimedo fue aprehendido, luego de que dos sicarios intentaran asesinar a la abogada Nadia Beller, con quien tenía una relación sentimental.
Ese hecho, destapó que Cerimedo era asesor personal del Presidente, luego de que se difundieron una serie de audios que dejaron en evidencia que el consultor argentino no solo era cercano a Paz, sino que sacaron a la luz conversaciones de supuestos actos de corrupción en el Gobierno.
En septiembre, la eliminación de la subvención al diésel reabrió el conflicto con transportistas, sindicatos y el sector agroindustrial, aunque el malestar no se tradujo en protestas ni bloqueos por el estado de excepción vigente.
En octubre fue encarcelado y destituido el entonces fiscal general, Róger Mariaca, acusado por el Gobierno de liderar una organización criminal de protección al “narcoterrorismo”; días antes de su detención, EE.UU. le retiró el visado, algo que fue interpretado por los detractores de Paz como una maniobra para evitar que se investiguen los audios de Cerimedo, extremo que el Gobierno niega.
Esta semana, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, salió del país y se declaró “perseguido”, horas antes de que se conociera que también está investigado por narcotráfico y tenía una orden de aprehensión en su contra.
Con ese escenario, Paz cumple su primer año sin haber avanzado significativamente en las reformas que prometió y con una economía en contracción (el PIB cayó hasta el -3,27% en el primer semestre y la inflación acumulada llegó a 6,03% en octubre), y con apenas una (la de inversiones) de las más de diez leyes que prometió en la Asamblea Legislativa.
En política exterior, con la consigna de poner a “Bolivia en el mundo”, Paz optó por un giro en la política exterior luego de dos décadas de “aislamiento” por razones ideológicas.
Esto supuso un acercamiento con EE.UU., lo que se manifestó en la decisión de Paz de ser parte del Escudo de las Américas que impulsa el Gobierno de Donald Trump y el retorno de la cooperación estadounidense para la lucha antidrogas.
En octubre, también inició un “nuevo ciclo” con Chile, sin dejar de lado la centenaria recuperación marítima boliviana. Paz recibió en La Paz a su par chileno, José Antonio Kast, en un encuentro considerado histórico porque fue la primera visita oficial de Estado de un presidente de ese país a Bolivia en 71 años.
Ven un gobierno sin rumbo y sobrepasado
El analista Franklin Pareja evaluó en el programa Acidez el primer año de mandato del presidente Rodrigo Paz y sostuvo que la administración estatal carece de una “dirección estratégica”. Pareja afirmó que el Ejecutivo permanece en el “limbo”, “sin capacidad” de fijar una agenda política y “sobrepasado por los escándalos”.
Asimismo, advirtió que la institucionalidad del país quedó expuesta y perforada por el crimen organizado. También cuestionó que el oficialismo no concretara transformaciones de fondo a pesar de contar con mayoría en la Asamblea Legislativa.
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En materia económica, señaló que la estabilidad macroeconómica no mejorará el bolsillo del ciudadano y anticipó un período complejo frente a medidas pendientes como el retiro de subvenciones.
Correo del Sur
