Los cívicos de siete departamentos del país y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) intensifican la movilización de recolección de firmas de adhesión para la reforma judicial vía referendo popular, ante la prisa por llevar adelante las elecciones judiciales desde el partido de Gobierno en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la campaña de desinformación de las organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Uno de los integrantes de los juristas independientes, Juan del Granado, señaló que se encuentra dentro del plazo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la recolección de 1,5 millones de firmas en todo el país; por lo tanto, considera apresurada la elaboración de proyectos para las elecciones judiciales “anticipando el fracaso de la cruzada” que responde a la demanda de la población de contar con un sistema judicial eficiente, imparcial e independiente.
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larach, arrancó una campaña mediática convocando a los ciudadanos a sumarse a la recolección de firmas para pedir la reforma judicial. Recordó que la iniciativa tiene el respaldo de un cabildo ciudadano “debido a que la misma población está cansada de la justicia corrupta y en muchas ocasiones, sometida al partido en función de Gobierno”.
El presidente del Comité cívico de Beni, Hugo Aponte, informó que los libros se encuentran en todas las provincias de ese departamento gracias al apoyo de voluntarios, ya que no cuentan con recursos para la logística. “Hay aceptación de la gente porque es evidente que la justicia se encuentra en crisis y urge su reforma”, sostuvo.
El presidente del comité de movilizaciones del comité cívico tarijeño, Roberto Márquez, dijo que la meta es lograr 75 mil firmas de adhesión ciudadana para la reforma de la justicia y calcula que hasta la fecha sobrepasaron la mitad.
Potosí y otras ciudades
En el caso de Potosí, la presidenta de Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, aseguró que, a pesar de todos los conflictos que encaran por la defensa de sus recursos naturales, que han derivado en una huelga de hambre y otras movilizaciones, participan en la instalación de puntos de recolección de firmas en las principales plazas de Potosí con el apoyo de voluntarios que ven la urgencia de “recuperar la justicia copada por el Gobierno de turno”.
El secretario general del Comité Cívico de Chuquisaca, Edgar Fernández, destacó la importancia de la cruzada, “Los libros están en la plaza 25 de Mayo, en los tribunales y en las provincias y la gente está alentando la campaña”, contó.
Los representantes cívicos de Oruro y Cochabamba, Adolfo Camacho y Apolinar Rivera, respectivamente, también confirmaron su participación y respaldo al proceso de reforma judicial con el fin de contar con magistrados idóneos, capaces e independientes.
Otras iniciativas de garantías
Los juristas independientes proponen cambiar el sistema de preselección de candidatos a magistrados, que ahora es responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para la garantizar su independencia.
Otra iniciativa es de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), que propone que cada departamento proponga sus candidatos a la Asamblea Legislativa y contempla la repetición de la selección si los candidatos no tienen un porcentaje mayor a los votos blancos y nulos.
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Cochabamba y Conade priorizan la campaña
El Comité Cívico de Cochabamba y el Comité de Defensa de la Democracia (Conade) concentran su atención en la campaña de recolección de firmas de adhesión ciudadana para la reforma de la justicia, por lo que se desmarcaron del proceso revocatorio del presidente Luis Arce.
Conade ratificó su apoyo al proceso de reforma judicial con la “esperanza de mejorar el sistema y lograr la independencia de los operadores de justicia”.
Su representante, Manuel Morales, señaló que existe coordinación con los comités cívicos del país para lograr conseguir la cantidad de firmas requeridas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta el 25 de abril.
Este primer paso permitirá ir a un referendo popular en agosto y será la población la que decida.
El jurista Juan del Granado recordó que el resultado del referendo es de cumplimiento inmediato y vinculante, por lo tanto, descalificó las declaraciones de las autoridades nacionales de que exista cualquier tipo de demora.
Los Tiempos
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