El presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes la Ley de Regulación de los Estados de Excepción para cumplir “lo que manda la Constitución” y “proteger a los bolivianos”. Además, lanzó una dura advertencia a los grupos violentos y a los narcoterroristas, a quienes aseguró que caerán de la misma forma que el narcotraficante Sebastián Marset. En ese marco, pidió a las FFAA firmeza para ejecutar el plan que, según dijo, el Gobierno tiene ya diseñado.
“Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías de aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático y constitucional”, dijo Paz en el acto realizado en la Casa Grande del Pueblo. La promulgación ocurrió pasado el mediodía, luego de que la Cámara de Diputados sancionara la norma la madrugada del domingo y tras más de 30 horas de sesión.
Durante su discurso, el mandatario denunció que el “narcoterrorismo” está detrás de las movilizaciones, “que ha generado un daño enorme a la patria”, y aseguró que no dejará el cargo, en respuesta a los pedidos de renuncia de sectores radicales vinculados al expresidente Evo Morales. “Somos un gobierno que gobernaremos hasta 2030”, afirmó.
“Nuestra mano está extendida para seguir siempre en el diálogo, siempre en el diálogo, pero cuídense de los infiltrados y de los violentos. Y a los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó (Sebastián) Marset, sus días están contados”, advirtió el Jefe de Estado. Las protestas escalaron en las últimas semanas. Tras una declaratoria inicial de paro por parte de la Central Obrera Boliviana (COB) el pasado 1 de mayo, el conflicto derivó en bloqueos de carreteras a partir del día 6 de ese mes, con pedidos de renuncia del Presidente como única demanda y rechazo a cualquier mesa de diálogo.
En el transcurso de estas semanas, surgieron videos de grupos armados en redes sociales con amenazas contra el Gobierno. El último, el pasado sábado tras un operativo policial y militar que intentó despejar la ruta entre Santa Cruz y Beni, a la altura de San Julián, donde se registraron hombres armados.
El saldo de ese enfrentamiento fue de 33 personas heridas: 26 civiles y siete efectivos policiales, cuatro de ellos por impactos de bala y uno internado en terapia intensiva con una lesión en la cabeza.
Ante esta escalada de violencia, Paz cuestionó el financiamiento de los grupos violentos. “¿De dónde vienen esos armados, quién les entregó los fusiles, de dónde ese profesionalismo para atacar a nuestras fuerzas del orden que no fueron con armas de reglamento?”, expresó el Presidente.
Asimismo, denunció que, pese a la escalada de violencia, Morales instruyó reforzar los puntos de bloqueo. “Tenemos organizaciones que han presentado su fuerza a través de las armas y el jefe, que está en el Chapare, ayer dio la orden de reforzar a las fuerzas en San Julián para que la violencia sea mayor. Lo dijo públicamente en un medio de comunicación”, afirmó.
El mandatario también criticó el traslado masivo de personas del Trópico de Cochabamba hacia la sede del Gobierno. “¿Es acaso ahora el departamento de La Paz un anexo del Chapare?”, cuestionó. “No puede haber bolivianos de primera y de segunda, no puede haber bolivianos que estén por encima de la ley, por encima de nuestra democracia y nuestra Constitución”, señaló en otro momento.
En respuesta a la crisis, la nueva Ley 1740 permite al Órgano Ejecutivo dictar el estado de excepción mediante Decreto Supremo ante cuatro escenarios: peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres naturales. La medida tiene una vigencia máxima de 90 días y prohíbe suspender derechos fundamentales. Su ampliación requiere autorización legislativa por mayoría absoluta. La Asamblea Legislativa deberá debatir la medida en un plazo no mayor a 72 horas.
Durante la emergencia, el Estado no puede suspender los derechos humanos ni las garantías de defensa, y los arrestos por incumplir el estado de excpeción no excederán las ocho horas. La norma establece que la Policía mantendrá el mando primario de las operaciones, mientras que las Fuerzas Armadas intervendrán solo si la capacidad policial resulta superada. Además, las acciones de los uniformados gozarán de presunción de legalidad.
Al respecto, Paz pidió a las FFAA “actuar con firmeza, con profesionalismo, respetando derechos humanos pero, por sobre todo, respetando nuestra Constitución (…). Esta norma les permite llevar adelante el plan que ya hemos diseñado. Bolivia tiene un plan y lo vamos a ir cumpliendo, porque tenemos que retomar la normalidad para que nuestra economía crezca con seguridad para todos los bolivianos”.
Evo Morales pide seguimiento a la comunidad internacional
El expresidente Evo Morales pidió este lunes a la comunidad internacional vigilar el resguardo del Estado de derecho en Bolivia tras la promulgación de la Ley 1740 de Estados de Excepción.
“Alertamos a la comunidad internacional sobre la aprobación de una nueva Ley de Estados de Excepción que debilita las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos. La norma presume la legalidad de las actuaciones estatales, limita los controles judiciales y parlamentarios, y amplía la intervención militar en conflictos internos”, escribió el exmandatario en sus redes sociales, luego de que el presidente Rodrigo Paz pusiera en vigor la norma en un acto en La Paz. “Solicitamos el seguimiento y la vigilancia permanente de los organismos internacionales para resguardar el Estado de Derecho y las libertades fundamentales del pueblo boliviano”, agregó Morales.
En otro post, señaló que “al presidente no le preocupa la confrontación entre civiles, por eso la promueve”.
Sectores exigen dictar la medida tras promulgación de la Ley 1740
Tras la promulgación de la ley que reglamenta los estados de excepción por parte del presidente Rodrigo Paz, comités cívicos y empresarios de Cochabamba y Santa Cruz exigieron aplicar la medida de inmediato para frenar los bloqueos.
El Comité Cívico y la Cámara de Industria cochabambinos pidieron al mandatario decretar la norma para garantizar “el Estado de Derecho”. Asimismo, exigieron al gobernador Leonardo Loza asumir las acciones necesarias para asegurar el libre tránsito.
En Santa Cruz, el líder cívico Stello Cochamanidis afirmó que el Gobierno tiene la “obligación de decretar” esta medida. “No podemos estar 38 días dependiendo de unos delincuentes”, aseveró, tras denunciar el uso de armas contra civiles y policías.
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Hasta la fecha, los cortes de ruta causaron diez muertes por falta de atención médica. Además, continúan restringiendo el traslado de alimentos, combustible, oxígeno y medicamentos, especialmente en La Paz.
La Defensoría observa la ley que regula los estados de excepción
La Defensoría del Pueblo identificó tres observaciones a la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción, promulgada este lunes por el presidente Rodrigo Paz, tras advertir que ciertos artículos afectan los mecanismos de control y la protección de derechos humanos.
El defensor Pedro Callisaya explicó que la norma mantiene la medida más allá de las 72 horas hasta el pronunciamiento de la Asamblea Legislativa, lo que debilita la fiscalización.
Asimismo, cuestionó la presunción de legalidad a las actuaciones policiales y militares, pues traslada la carga de la prueba a las víctimas. Finalmente, señaló la omisión de la institución como ente vigilante, aunque aclaró que cumplirá esa labor por mandato constitucional. Callisaya advirtió que toda limitación requiere una mirada restrictiva porque “puede haber desbordes”.
La ley establece estados de excepción de hasta 90 días prorrogables con autorización legislativa ante amenazas a la seguridad.
Correo del Sur
