El exministro de Justicia Iván Lima planteó tres observaciones al contrato suscrito entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa china CBC (CBC (CATL, BRUMP & CMOC), actualmente en tratamiento legislativo.
“Las tres observaciones tienen que ver con consulta previa, con la norma apropiada del gobierno chino y la soberanía y esta que tiene que ver con los arbitrajes”, aseguró en entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
Observaciones
Uno de los puntos que Lima consideró importante es el inciso A de la “cláusula 33” del contrato. Establece como condición suspensiva para su entrada en vigencia la emisión de “normas apropiadas” por parte de las autoridades de la República Popular China.
Lima advirtió que esto podría interpretarse como una cesión de soberanía. Indicó que no bastaría con la aprobación de la Asamblea Legislativa boliviana, sino que se requeriría un acto jurídico extranjero.
El segundo punto tiene que ver con la “consulta previa” a pueblos indígenas, obligación constitucional establecida en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado (CPE). Lima sostuvo que ni YLB ni el operador cumplieron con este requisito.
Lima también observó que el contrato se firmó por la sucursal boliviana de CBC, y no por “la casa matriz” de la empresa en China, lo cual pone en duda su validez legal en caso de incumplimiento.
Según el exministro, lo adecuado sería que la casa matriz acepte explícitamente el contrato y sus condiciones mediante una carta, acta u otro documento legal.
Lima también reclamó que el contrato firmado con la empresa rusa Uranium One aún no fue publicado. A diferencia del documento con CBC, que está disponible en la página de YLB.
Además, develó que cuando fungía como ministro, su cartera “no formó parte del proceso” de la redacción y elaboración de los contratos.
Antecedentes
El Gobierno firmó contratos con ambas empresas entre 2023 y 2024 para implementar tecnología de extracción directa de litio (EDL). Estos contratos deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa, que enfrenta protestas de organizaciones cívicas como el Comité Cívico Potosinista (Comcipo). Denuncian falta de consulta, distribución inequitativa de beneficios y vacíos legales.
El contrato con CBC, por más de $us 1.000 millones, fue frenado tras una sesión tensa en Diputados. Hoy está en agenda el contrato con Uranium One Group, también observado por sectores potosinos.
La Razón
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