El Gobierno reveló que, a pesar de las medidas adoptadas para reducir el impacto fiscal de los carburantes, el Estado todavía cubre una diferencia aproximada de 12 dólares por cada barril de crudo importado.
Esta situación persiste incluso tras la implementación de decretos anteriores que ajustaron los precios, debido a que el costo internacional actual supera los valores de venta interna que fueron congelados hasta enero de 2027.
La viceministra de Industrialización, Tatiana Genuzio, explicó en Unitel que los precios internos se encuentran estabilizados en un promedio de 54 dólares por barril, mientras que en el mercado internacional el costo del crudo oscila actualmente entre los 72 y 80 dólares. Esta brecha de aproximadamente 12 dólares es el monto que el Tesoro General de la Nación (TGN) asume como un “sobrecosto” para evitar un efecto inflacionario que afecta a la población.
Para mitigar este drenaje fiscal y asegurar el suministro, el Ejecutivo autorizó una transferencia de 1.000 millones de bolivianos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) destinada a la compra de petróleo, compensando los desfases generados por la volatilidad de los precios externos.
Liberación de precios
Aunque en diciembre de 2025 se emitió el Decreto Supremo 5503 para eliminar la subvención generalizada y ajustar los precios de la gasolina especial y el diésel, el Gobierno decidió aplicar una nueva pausa mediante el Decreto Supremo 5652. Esta norma congela los precios actuales hasta enero de 2027, brindando un período de seis meses para trabajar en una focalización de la subvención.
El objetivo de esta estrategia es identificar a los grupos más vulnerables que seguirán recibiendo apoyo, mientras que otros sectores con capacidad de pago deberán asumir el costo real del combustible.
Las autoridades prevén que, una vez finalizado este período de ajuste, se aplique una metodología basada en el precio de paridad de importación y el tipo de cambio flexible, lo que permitirá que el precio final en surtidor fluctúe según las condiciones del mercado global.
Impacto económico
La carga fiscal de los combustibles fue calificada como “millonaria” por las autoridades. En años anteriores, la subvención llegó a representar hasta el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), superando los 2.000 millones de dólares anuales.
Esta presión económica contribuyó al déficit fiscal y al agotamiento de las reservas internacionales, además de incentivar problemas como el contrabando hacia países vecinos donde los precios son más elevados.
Con las nuevas medidas de focalización y el uso de biocombustibles, la administración de Rodrigo Paz busca reducir estas pérdidas y alcanzar un “sinceramiento fiscal” definitivo a partir de la próxima gestión.
Correo del Sur
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