El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló que se investiga presuntos nexos del exfiscal general del Estado, Róger Mariaca, y el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo con el Consejo de la Magistratura.
“Esta es una red que tiene tentáculos y conexiones con muchos jueces y fiscales, incluso con la Magistratura. Estamos investigando eso. Por eso, reiteradas veces, estemos atentos a lo que van haciendo jueces y fiscales”, sostuvo Oviedo a un medio de comunicación local.
Contexto
Dos procesados por el caso de las 32 maletas que ingresaron ilegalmente desde EEUU en 2025 involucraron, por separado, al exfiscal general Róger Mariaca y al magistrado Rómer Saucedo. La exdiputada Laura Rojas atribuyó al todavía presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la propiedad del equipaje, mientras el exjuez Hebert Zeballos habló de una supuesta protección de Mariaca para retirarlo del aeropuerto de Viru Viru.
Hay que aclarar que Mariaca actualmente está detenido preventivamente en la cárcel de Cantumarca; mientras Saucedo se declaró en el exilio.
Contradicciones
Este lunes, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura emitió un comunicado con respecto a un departamento alquilado, que el asesor de la presidencia de esa instancia habría hecho al exfiscal Mariaca.
Sin embargo, más temprano el Consejo de la Magistratura difundió, a través de sus cuentas en las redes sociales, un comunicado para negar la información sobre el supuesto alquiler de un departamento al exfiscal general, Róger Mariaca, por parte de un asesor del presidente de la institución, Carlos Spencer.
“Se precisa que ningún asesor de la presidencia del Consejo de la Magistratura ha efectuado el alquiler que se le atribuye a una publicación, por lo que corresponde rechazar la difusión de afirmaciones carentes de sustento que puedan generar confusión en la opinión pública y afectar la imagen institucional”, señala documento.
Pero horas después, las cuentas del Consejo de la Magistratura publicaron un segundo comunicado que negó el anterior.
En éste último, el decano y la consejera del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista y Gabriela Araoz, marcaron distancia del primer comunicado y precisaron que este no fue sometido a consulta, deliberación ni aprobación.
Por tanto, señalaron que su contenido no representa una determinación institucional de la Sala Plena ni expresa su posición sobre los hechos. Asimismo, ambos consejeros cuestionaron que se emitan afirmaciones categóricas sobre hechos que podrían estar sujetos a una investigación penal.
“Corresponde al Ministerio Público, con la participación de la Policía Boliviana, esclarecer las circunstancias denunciadas, verificar los posibles vínculos de autoridades, asesores, funcionarios o particulares y determinar, cuando corresponda, las eventuales responsabilidades individuales”, señala el documento.
Fuente: El Deber
Mira también
