El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach, calificó como una “arremetida” del Gobierno la convocatoria de la Fiscalía en próximos días en contra de tres líderes cruceños por el paro de 36 días en Santa Cruz del pasado año.
El rector y vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, y Reinerio Vargas, respectivamente, además del expresidente cívico, Rómulo Calvo, fueron citados para el jueves 13 de abril. Como nuevas “acciones de persecución política”, así lo calificó Larach las citaciones.
“Una arremetida (las convocatorias) que busca distraer la atención de temas coyunturales y de suma importancia como son el robo a los recursos de fondos de pensiones, la crisis económica que estamos viviendo, seguimos sin información de las reservas internacionales, la curricula escolar y el adoctrinamiento”, sostuvo Larach.
El paro de los 36 días en Santa Cruz –ocurrido entre octubre y noviembre del pasado año– fue convocado por el Comité Interinstitucional para que exigir que el Censo de Población y Vivienda se adelante este año.
El caso fue abierto por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, -detenido preventivamente en Chonchocoro- también se encuentra detenido.
Larach demandó al presidente Luis Arce explicar al país los proyectos de Ley 280, de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas; 304, que Regula y Sanciona el uso indebido de las Redes Sociales en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia; y 305, de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos.
Y que además señale qué soluciones dará ante la crisis de económica para sus próximos dos años y medio de gobierno y los diferentes conflictos regionales como la inseguridad ciudadana, con los ajustes de cuestas y los avasallamientos.
Exhortó a la oposición de la Asamblea Legislativa Plurinacional a estar “atentos” ante cualquier “actitud o maniobra” que pretenda llevar el Movimiento Al Socialismo (MAS) para viabilizar los proyectos de ley que consideró “atentan” contra la democracia y el derecho de los ciudadanos.
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