El presidente Rodrigo Paz anunció este sábado la conformación de una comisión nacional para impulsar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) y presentó un paquete de 10 leyes estructurales orientadas a transformar el modelo económico, reformar la justicia y cambiar la normativa electoral del país, durante el denominado “Gran Encuentro Nacional”, que se realizó en Cochabamba con presencia de gobernadores, alcaldes, legisladores, representantes de sectores empresariales, organizaciones sociales y líderes políticos.
“Vamos a conformar esa comisión ahora mismo con la participación de todas las fuerzas políticas”, anunció Paz, quien precisó que espera contar con los ajustes a la Carta Magna “hasta finales de año”, si se logra el apoyo del Parlamento. Explicó que la reforma apunta a modificar los artículos que frenan la inversión, que aíslan a Bolivia de la economía global y que, según sus palabras, construyeron “un escenario político hegemónico donde no hay posibilidad de diálogo”.
Las 10 leyes anunciadas son: Ley de Hidrocarburos, Ley de Inversiones, Ley de Minería, Ley de Economía Verde, Ley del Emprendedor Boliviano, Ley Electoral, Ley de Reforma de la Justicia, Ley de Seguridad Nacional, Ley de Reducción del Estado y la Burocracia, y una nueva Ley de Electricidad.
El mandatario señaló que varias de estas iniciativas ya concluyeron su revisión jurídica y serán remitidas a la Asamblea Legislativa para abrir un debate nacional. En ese sentido, dijo que espera que ese paquete de leyes, junto a las propuestas de los legisladores y de las regiones, genere “un debate abierto en el país para beneficiar a todos los bolivianos y bolivianas”,
Paz también reiteró su intención de concretar el “50/50”. No obstante, indicó que su apuesta para el futuro es un Estado federal. “Yo sueño y creo que la salida de Bolivia en el futuro es una visión federal”, afirmó el mandatario.
El encuentro se realizó en medio de las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB), que exige un aumento salarial del 20% y garantías de no privatización de empresas estatales, y de bloqueos de carreteras en La Paz protagonizados por afines al expresidente Evo Morales, que exigen la renuncia del Jefe de Estado.
Al respecto, Paz, durante la inauguración del encuentro, responsabilizó a Morales y al exmandatario Luis Arce por la situación económica y energética actual, y advirtió que “la justicia va a llegar” y deberán responder “por el daño que le hicieron a la patria durante 20 años”.
Agregó que “existe un sicariato que no quiere que la corrupción se vaya, que no quiere transparencia y que no quiere que las instituciones sean útiles para las regiones”. En esa línea, defendió la necesidad de impulsar las reformas estructurales que requiere el país en el marco del diálogo. “Todo dentro de la democracia, nada fuera de ella”, finalizó.
Al encuentro, no asistieron todos los actores invitados por el Gobierno. Destacaron las ausencias del líder de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, quien consideró que el evento solo iba a servir “para la foto”; de los representantes del agro cruceño, quienes expresaron su malestar por la abrogación de la Ley 1720 en la Cámara de Diputados, y del gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, que asistió al ampliado nacional del evismo, que se desarrolló de manera simultánea en el Chapare, donde este sector, con la presencia del expresidente Evo Morales, determinó iniciar una “marcha para salvar Bolivia” desde Caracollo a La Paz, a partir del 12 de mayo, en defensa de la Constitución y en contra del gasolinazo y la intención del Gobierno de privatizar las empresas estatales.
PROTESTA
Mientras se desarrollaba el “Gran Encuentro Nacional”, en el Chapare, el evismo, en otra reunión, determinó una marcha desde Caracollo hasta La Paz contra el presidente Rodrigo Paz, desde el 12 de mayo.
Ayllón pide alivianar carga de gobernaciones
El gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, exigió al Gobierno central que libere a las gobernaciones del pago de la Renta Dignidad, el bono de vacunación, los certificados de bachiller y los prediarios, compromisos que, a su criterio, no corresponden al nivel subnacional a fin de alivianar la carga de las administraciones departamentales. Lo hizo durante el “Gran Encuentro Nacional”, donde advirtió que la situación de la Gobernación chuquisaqueña es crítica. “La salud de la Gobernación ya está en estado de coma”, advirtió.
Ayllón planteó avanzar hacia un modelo de distribución de recursos bajo el esquema “50/50” entre el nivel central y los gobiernos subnacionales como parte de un nuevo pacto fiscal.
Argumentó que reasignar esas obligaciones al Estado central permitiría a las gobernaciones destinar sus recursos a áreas prioritarias de desarrollo regional.
El Gobernador señaló que Chuquisaca registra uno de los índices de migración más altos del país y recordó que fue el único departamento que perdió un escaño legislativo por pérdida de población tras el último Censo. “No se van porque no quieran su tierra, se van porque no hay oportunidades”, señaló.
En ese sentido, instó al Ejecutivo a tomar decisiones estructurales de manera oportuna para cambiar la realidad de las regiones.
Tuto respalda reforma parcial de la Constitución
El expresidente Jorge Quiroga planteó una reforma parcial de la Constitución como medida urgente para atraer inversiones y salir de la crisis económica, al tiempo que descartó una Asamblea Constituyente por considerar que paralizaría al país.
Con una metáfora médica, Quiroga describió la situación de Bolivia como la de un paciente con múltiples males. “El corazón está trancado, el paciente está obeso, las arterias obturadas, los huesos están frágiles”, señaló. Bajo esa figura, abogó por una “reconstrucción mayor”, que comenzaría por reparar ese “corazón” institucional mediante una reforma constitucional parcial.
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El exmandatario también propuso detener la “hemorragia fiscal de la gastadera y la robadera” y gestionar un programa internacional de apoyo a la balanza de pagos.
Mientras se avanza en la reforma constitucional, sugirió al Gobierno suscribir acuerdos de libre comercio como vía alternativa para abrir el país a la inversión.
En el plano político, Quiroga aludió al juicio contra Evo Morales por el caso de trata, previsto para el lunes, y advirtió que algunos sectores buscan desestabilizar al Gobierno aprovechando factores de conflicto. Sostuvo que el país debe “administrar la desgracia sistémica” heredada y alertó sobre intentos de usar esa crisis para fines antidemocráticos. “Quieren cabalgar sobre eso para ser antidemocráticos y a los seis meses decir que renuncie el Gobierno”, alertó.
Gobernadores exigen el “50/50”, mayor autonomía e inversión
Gobernadores de seis departamentos del país coincidieron este sábado en demandar un nuevo pacto fiscal bajo el esquema “50/50”, mayor autonomía regional y medidas urgentes para frenar la crisis económica, durante el “Gran Encuentro Nacional” convocado por el Gobierno en Cochabamba para construir acuerdos políticos y económicos.
Las autoridades departamentales expusieron la situación financiera de sus regiones y reclamaron una redistribución más equitativa de recursos, inversiones en infraestructura, seguridad jurídica y apoyo a los sectores productivos.
“Si las demás gobernaciones están en terapia intensiva, Beni y Pando estamos en velorio”, dijo el gobernador de Beni, Jesús Égüez, al describir la situación financiera de su región. En ese marco, reveló que, por ejemplo, su departamento tuvo que solicitar a ENDE una ampliación de plazo para pagar la deuda que arrastra la Gobernación con esa empresa, de unos 20 millones de bolivianos, a fin de evitar un corte de energía eléctrica.
La gobernadora de Pando, Gabriela de Paiva, reclamó mayor atención para su departamento y demandó poner fin al abandono histórico de la Amazonia por parte del Estado. En esa línea, lamentó que, después de 15 años, aún no se haya concluido la carretera troncal que conecta a su región con el resto del país. Pidió que el pacto 50/50 contemple criterios territoriales y ambientales, no solo poblacionales. “¿Quieren dólares verdes? Fijen sus ojos en la Bolivia verde, que tiene La Paz, Beni y Pando”, señaló.
Desde La Paz, el gobernador Luis Revilla planteó un pacto nacional que incluya acuerdos políticos y empresariales para garantizar combustibles, generar divisas y reformar las leyes de hidrocarburos y minería. “Estamos en una crisis económica muy dura, además de una crisis política, institucional y legal”, afirmó, al subrayar la necesidad de un cronograma con acciones concretas.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidió incorporar el esquema “50/50” en el Presupuesto General del Estado 2027. “Estoy convencido de que el 50/50 puede estar en el Presupuesto General del 2027 (…) No podemos seguir teniendo competencias sin recursos; tenemos una mochila muy grande y estamos en un déficit estructural”, dijo la autoridad cruceña. Además, defendió la Ley 1720 de conversión de tierras y planteó que cada departamento defina si quiere aplicarla o no.
Por su parte, el gobernador de Oruro, Édgar Sánchez, defendió una economía mixta con participación estatal y privada, y pidió superar la polarización política. “Bolivia no quiere una izquierda radical, supuestamente socialista de 20 años de dominio en el poder; no quiere volver al pasado de privatizaciones secantes que no sirven. Necesitamos una economía mixta controlada por el Estado, pero también de inversión privada”, indicó.
Alcaldes piden recursos, condonación y distribución equitativa
Alcaldes de las principales ciudades del país solicitaron un nuevo pacto fiscal que garantice la redistribución equitativa de los recursos públicos bajo la fórmula “50/50” para superar el colapso financiero de los municipios. Esa fue su demanda principal durante el “Gran Encuentro Nacional” organizado por el Gobierno, donde los burgomaestres propusieron además la condonación de deudas, la eliminación del descuento anual del 12% del IDH y transitar hacia un modelo federal.
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, advirtió que lograr la “redistribución de recursos, el 50/50, eso más que un derecho, es un tema de supervivencia”. En ese sentido, afirmó que todas las regiones necesitan recursos tras casi dos décadas de “despilfarro” estatal.
El alcalde de Tarija, Johnny Torres, por su parte, planteó la urgencia de eliminar el descuento anual del 12 % del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, mientras se discute la nueva redistribución de recursos. Torres lamentó la drástica caída de ingresos regionales provenientes de la explotación de hidrocarburos e indicó que “en vez de cuidar la gallina de los huevos de oro, el socialismo decidió comerse a la gallina”. También planteó transitar hacia un modelo federal.
Las asimetrías financieras y el endeudamiento concentraron gran parte de las intervenciones. El alcalde de Potosí, Williams Cervantes, por ejemplo, puso como ejemplo la situación de su departamento. Dijo que su región generó 775 mil millones de bolivianos en regalías mineras durante los últimos cuatro años y señaló que su municipio solo retuvo 51 millones.
Por su parte, el alcalde de Cobija, Diego Suárez, reveló que su administración arrastra una deuda superior a los 200 millones de bolivianos, por lo que pidió al mandatario la condonación, reprogramación o diferimiento de esas obligaciones.
A su turno, el alcalde de Trinidad, Mauricio Barba, ilustró la precariedad de su urbe al recordar que carecen de alcantarillado y agua potable. Bolivia “necesita construir un gran acuerdo nacional que permita que todos los recursos de los bolivianos sean distribuidos de manera justa y equitativa para todas las regiones”, reclamó.
El encuentro también sirvió para delinear una nueva visión administrativa e institucional. El alcalde de La Paz, César Dockweiler, instó a establecer un diálogo permanente donde prime “una política sin ideologías, sin colores” y enfocada en resultados para los bolivianos. Desde Riberalta, el alcalde Fernando Pérez exigió sanciones severas contra la corrupción y afirmó que el Estado debe construir cárceles para quienes robaron al país.
Finalmente, la alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, demandó equidad financiera para que ninguna región deba mendigar presupuesto. “Equidad en la distribución. Ninguna región se puede quedar por fuera de la distribución equitativa de los recursos. Ninguna región debería pararse aquí para mendigar un poco de recursos que, como hijos e hijas de Bolivia, merecemos”, señaló la autoridad sucrense.
Fuente: Correo del Sur
