AHORADIGITAL.- El presidente del Colegio de Abogados de Tarija, Fernando Valverde, informó que la institución decidió asumir la defensa técnica de seis comunarios de Tariquía luego de que estos quedaran desprotegidos legalmente. El equipo jurídico, conformado de manera desinteresada por profesionales como Aníbal Cabezas, Rilber Solís y Juan Pablo Flores, acompañó dos procesos judiciales.
El primero concluyó con un rechazo en febrero, mientras que el segundo culminó recientemente tras una extenuante audiencia de 15 horas en la localidad de Entre Ríos, donde se obtuvo una sentencia absolutoria en primera instancia para los defensores de la reserva natural.
Para la defensa, el Ministerio Público falló en demostrar la culpabilidad de los campesinos a pesar de haber presentado una cantidad considerable de elementos. «Nosotros entendemos que no existe prueba, porque ha sido clarísimo de las 65 pruebas que ha presentado el Ministerio Público, ninguna ha podido acreditar la existencia de los delitos que les han endilgado», sentenció Valverde.
El jurista explicó que el actuar de las comunidades no fue delictivo, sino que representó el ejercicio de deberes constitucionales para proteger el agua, la vida y la madre tierra, desvirtuando las acusaciones de violencia física o psicológica que intentaron sostener funcionarios de YPFB.
Valverde subrayó que el Estado boliviano ha vulnerado acuerdos internacionales vigentes al perseguir judicialmente a quienes ejercen la protesta ambiental pacífica. Según el presidente de los abogados, el Acuerdo de Escazú protege específicamente a los defensores del medio ambiente, y las propias pruebas policiales ratificaron que las vigilias en Tariquía carecieron de agresividad. Por ello, el jurista considera que el país ha cometido una contravención que podría derivar en sanciones externas, ya que se utilizó el aparato judicial para amedrentar a ciudadanos que cumplían con un rol de resguardo ecológico reconocido por la normativa internacional.
Valverde señaló que se pudo establecer que el contrato petrolero actual carece de vigencia debido al vencimiento de plazos y a la falta de una nueva ley aprobada por la Asamblea Legislativa que autorice modificaciones. Esta revelación fortalece la postura de las comunidades campesinas en su resistencia de más de una década, pues sugiere que las actividades que se pretenden realizar en el núcleo de la reserva no cuentan con el respaldo jurídico administrativo necesario para continuar.
Sobre la posibilidad de iniciar una contrademanda contra el Estado boliviano por la vulneración de derechos durante dos años de persecución, Valverde aclaró que esa es una determinación soberana de los afectados. «Los comunarios de Tariquía son aquellos quienes van a decidir si quieren acudir a las Cortes Internacionales reclamar la vulneración de sus derechos durante dos años que se los ha perseguido inicialmente», manifestó.
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