El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara Baja, Carlos Alarcón, calificó este martes de “absurdo y contradictorio” el rechazo de la Fiscalía General del Estado a la auditoría de 2019 de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a la que calificó de un “indicio” dentro del caso denominado fraude electoral y no vinculante.
Al referirse al informe de la OEA de 2019, que halló manipulación dolosa en el cómputo de las elecciones generales del 20 de octubre de ese año, el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, sostuvo en esta jornada que el informe de la OEA viene a ser un “indicio” más dentro del proceso de investigación, que no es vinculante, porque para que sea vinculante, el acuerdo suscrito con Bolivia, debería haberse convertido en Ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por el contrario, ratificó la validez del estudio hecho por tres consultores españoles que no hallaron indicios de un fraude electoral.
“Es un absurdo y una contradicción total lo que afirma el Secretario General de la Fiscalía General del Estado porque toma al informe vinculante de la OEA, solicitado formalmente por el Estado Boliviano a la Secretaria General de la OEA, como un simple indicio, al cual no vale la pena prestarle mayor atención y, por el contrario, ese estudio privado, contratado entre amigos, de gente de Salamanca, lo toma como prueba plena y determinante para que la junta de fiscales determine el sobreseimiento del caso fraude electoral”, declaró Alarcón a radio Panamericana.
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El asambleísta de la alianza de oposición indicó que la Fiscalía incumplió requisitos mínimos para encargar una pericia en el exterior sobre las elecciones generales de 2019, como el de aplicar un tratado de cooperación internacional, para pedir la autorización del gobierno de España para que una institución, similar al Instituto de Investigaciones Forenses de Bolivia, designe un perito estatal para la pesquisa, con la posibilidad de control técnico de las partes involucradas.
Respecto a la posición de la Fiscalía, en sentido de que el informe de la OEA no es vinculante, Alarcón advirtió que el Ministerio Público compromete la fe del Estado, debido a que desconoce el acuerdo que suscribió con el organismo internacional. En este caso, aseguró que no era necesario que el convenio sea elevado a rango de ley.
“Lamentable, es una Fiscalía General el Estado que no tiene ni la mínima idea de lo que conlleva la práctica del derecho internacional, no tiene la menor idea de lo que conlleva una pericia realizada con una diligencia de prueba en el exterior y como quiere actuar únicamente con fines políticos el Secretario General, ya no les importa pasarse por alto esta normativa constitucional e internacional y actuar de la manera más arbitraria posible”, acotó el diputado opositor.
Por el contrario, el senador Félix Ajpi (MAS) sostuvo que el estudio de la OEA no tiene validez porque no lleva la firma de las personas que lo realizaron.
Ajpi señaló que el entonces canciller Diego Pary suscribió el acuerdo “vinculante” con la OEA porque pensó ingenuamente iba a ser una auditoría no un “informe de buen criterio”.B
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