La presidenta Jeanine Añez presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una solicitud de consulta contra la Ley de Arraigo, impulsada por el MAS, para que se obligue a la Asamblea a eliminar ese proyecto normativo.
Dicho proyecto de ley dispone que las autoridades de todo nivel se queden en el país hasta tres meses después de terminar sus mandatos, con el objetivo de que rindan cuentas.
En su memorial ante el TCP, Añez solicitó al Tribunal que “mediante declaración constitucional se obligue al Órgano Legislativo, a eliminar dicho proyecto de ley”, porque considera que induce flagrantemente a vulnerar la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano.
La Ley de Arraigo, de ser promulgada, se aplicaría a presidente, vicepresidente, ministros, gobernadores, alcaldes, asambleístas nacionales, departamentales, concejales municipales y máximas autoridades ejecutivas de las empresas e instituciones públicas y privadas, que administran recursos fiscales, para que sean obligadas a quedarse en el país, tras su mandato.
La ONU ya se pronunció contra el proyecto de ley. La Misión en Bolivia de la Alta Comisionada para Derechos Humanos señaló que ese proyecto transgrede los estándares internacionales de los derechos humanos.
La Oficina de la ONU señaló que, si bien la rendición de cuentas es fundamental, “su realización no debe violentar la presunción de inocencia y el debido proceso, ni colocar una restricción indebida al derecho a la libertad de circulación que incluye la potestad de toda persona a salir libremente de su país”.
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