La Asociación Nacional de Víctimas Judiciales “Bolivia en Acción” solicitó a la presidencia de la Cámara de Senadores conformar una comisión de investigación para develar los intereses de algunas oenegés estadounidenses en la justicia boliviana que, a lo largo de más de 18 años, ha generado consecuencias funestas para los litigantes, sobre todo en casos de violencia y abuso sexual.
La Asociación lamentó que la intervención de estas instituciones en la justicia nacional haya derivado en el “adoctrinamiento perverso de autoridades judiciales” con la consiguiente afectación de sectores vulnerables de la sociedad, “llegando a lucrar con la vida de personas completamente inocentes y sus familias”.
La Asociación Nacional de Víctimas Judiciales “solicita al Estado boliviano conformar la comisión de investigación de la injerencia extranjera en la justicia para evaluar el rol de las mencionadas ONG en nuestras denuncias, incorporando la participación social de nuestros representantes en calidad de control social”, se lee en la carta dirigida al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.
Esta injerencia, agrega la Asociación, ha impulsado la corrupción basada en el “Modus Operandi” de las ONG para “lograr sentencias condenatorias y detenciones preventivas arbitrarias basadas en la falsa lucha contra la violencia y el abuso sexual, exactamente como se hizo con la falsa lucha contra el narcotráfico en la década de 1990”.
La Asociación señala que por más de 10 años ha logrado recabar pruebas de cómo los casos llevados por las oenegés fueron “montados y armados”, para lo cual utilizaron dolosamente a profesionales sin título como falsos médicos forenses y falsos peritos psicólogos junto a entidades subnacionales.
“Emitieron informes falsos para lograr condenas injustas, como se documenta en los casos de la ONG norteamericana CUBE en Cochabamba e IJM en La Paz y El Alto, incurriendo en el delito de falsedad material e ideológica como uno de muchos eslabones de corrupción, institucionalizando la vulneración del derecho al debido proceso”, indica en la carta.
La Asociación pide al senado coordinar con el Ministerio Público una intervención directa e investigación financiera en contra de las oenegés implicadas, y al Ministerio de Justicia solicita que realice una revisión exhaustiva y auditoría jurídica a los más de 500 casos patrocinados por dichas ONG para corroborar “esta flagrante denuncia” y actuar conforme lo estipula la Constitución Política del Estado.
noticiasfides.com
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