Neilss Quinteros, funcionario de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), reconoció mediante su cuenta de Facebook haber participado en la contramarcha que cercó y arremetió contra los cívicos y plataformas en la zona Sur de La Paz. Los políticos repudiaron la violencia; mientras que las asociaciones responsabilizaron al Gobierno por las agresiones a los periodistas.
“Ante el cobarde ataque mediático a mi persona tengo que aclarar que yo no ataqué a nadie, mucho menos con artefactos explosivos. Si alguien muestra algún video o alguna fotografía donde esté agrediendo a alguien con algún petardo inmediatamente me someto a la justicia. Por eso, hasta la fotografía está cortada ya que no portaba en mis manos nada y estaba caminado con normalidad”, sostuvo Quinteros por su cuenta de Facebook.
Sin embargo, en una de las fotos que circula en las redes sociales se lo ve sujetando en una de sus manos dos petardos, que fue el «arma» con el que atacaron a los manifestantes que exigen se respete la democracia y el estado de Derecho.
Pese a las evidencias de las imágenes que se ven en los videos y la violencia con la que atacó la contramarcha a los manifestantes, el servidor público dijo que fue una «marcha pacífica».
“El día de hoy (martes) participe en una marcha pacífica ejerciendo un derecho que tenemos todos, así como otras personas marchan a favor de la liberación de una persona que cometió delitos, en mi derecho de pensar diferente yo marcho para que la justicia actúe y dicte una sentencia”, añadió.
La fotografía del funcionario de la ANH circuló por diferentes páginas en las redes sociales, en las que lo identifican como una de las personas que usó la violencia para agredir a los cívicos en la zona Sur de La Paz.
El exdiputado opositor Amílcar Barral publicó en sus redes sociales la declaración jurada que hizo el funcionario público en la Contraloría General del Estado para demostrar que se trata de un servidor público.
“Ya sabemos quién había sido uno de los delincuentes que ayer (martes) atacó a los Paceños en la Zona Sur, con sus armas en mano orgulloso se muestra el funcionario público de la ANH”, indicó.
De la misma manera, el diputado de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca público en sus redes la fotografía del funcionario como una prueba contundente del terrorismo de Estado del gobierno de Luis Arce.
“Esta es otra prueba contundente del terrorismo de Estado que ayer mandó a funcionarios públicos a atacar de forma violenta y criminal a los ciudadanos que marchábamos pidiendo democracia, justicia y libertad”, sostuvo.
Este martes se desarrolló movilizaciones en ocho ciudades capitales del país en demanda de la liberación de los presos políticos, entre ellos, Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez y otros.
Las movilizaciones de los cívicos y plataformas en La Paz se desarrollaron en San Miguel y en la Plaza Abaroa, ambos fueron irrumpidos por funcionarios y militantes. En el centro de la ciudad, incluso se lo identificó al director de Diremar, Emerson Calderón.
El senador del MAS Miguel Pérez justificó la realización de las contramarchas, dijo que no se trata de grupos de choque del MAS, sino de son personas autoconvocadas que rechazan las movilizaciones de los cívicos.
El diputado de CC Alejandro Reyes aseveró que los “grupos de choque” del oficialismo ahora actúan con premeditación, situación que se observó en la movilización del martes, sabían cuándo y cómo agredir.
El opositor Alberto Astorga cuestionó el accionar de la Policía que no actuó para proteger a los ciudadanos que se movilizaron de manera pacífica.
Las asociaciones de periodistas responsabilizan al Gobierno
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) repudiaron la violencia desatada por «grupos de choque del Movimiento Al Socialismo (MAS) y responsabilizamos al Gobierno» por no haber evitado las agresiones y ataques contra periodistas y camarógrafos durante las movilizaciones por la paz y la democracia en la ciudad de La Paz.
Siete periodistas y tres camarógrafos fueron víctimas de violentos ataques. Este es el detalle: Los grupos de choque del MAS arremetieron contra Jenny Calisaya, Rossell Illanes y Tito Bustamante de la Red Uno, en la plaza Abaroa cuando realizaban un despacho en directo. Calisaya, Illanes y Bustamante fueron insultados y agredidos con escupitajos y palos, detallaron las organizaciones.
Precisaron que los periodistas Rodrigo Fernández, de la red ERBOL, Nicolás Sanabria y Alejandra Rojas del programa “En Otro Formato”, Max Chura, camarógrafo de la red Bolivisión, y Cecilia Lanza, fueron agredidos en la zona Sur.
Fernández fue herido por un petardo lanzado por militantes del MAS que le provocó la pérdida parcial de la audición del oído izquierdo. Todavía no se sabe si el daño es permanente. Sanabria recibió insultos de grueso calibre en la avenida Ballivián, Rojas, una pedrada en la avenida Montenegro y Chura fue herido en la pierna izquierda. Cecilia Lanza recibió golpes, insultos y amenazas, describieron.
«Los actos de violencia contra periodistas en La Paz repiten el mismo patrón de conducta agresiva en diferentes escenarios de conflicto en el país, lo que muestra premeditación por parte de quienes comenten este tipo de agresiones respondiendo al mandato del oficialismo».
«Denunciamos que este tipo de hechos vulneran la libertad de prensa, tienen la manifiesta intención de generar un efecto amedrentador y de silenciamiento de las y los periodistas; violan la libertad de expresión y, por tanto, el derecho de la sociedad en su conjunto a recibir información. A ello se suma la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables generando la violación del derecho al acceso a la justicia», condenaron.
Por otra parte, manifestaron que la Policía, además, no cumple con su labor de proteger a los ciudadanos y evitar los enfrentamientos de grupos distintos.
En ese sentido, también denunciamos que la periodista Adriana Álvarez, del canal Abya Yala, recibió el impacto de una piedra. Ella identificó como los responsables del hecho a grupos contrarios al gobierno.
«Responsabilizamos al Gobierno por el incumplimiento de su obligación de garantizar la seguridad, la integridad física y la vida de los y las periodistas y exigimos la adopción de medidas concretas de protección al trabajo periodístico y sanción a los responsables para poner fin a la impunidad», se lee en una nota de prensa.
ANF










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