Una vez emitida la sentencia en un juzgado de Estados Unidos contra el exministro Arturo Murillo y otros implicados en el caso de la compra de gases lacrimógenos, el procurador general del Estado, César Siles, informó este jueves que están en marcha las gestiones diplomáticas de la Cancillería de Bolivia ante Estados Unidos para la repatriación de 2 millones de dólares que fueron confiscados bajo la investigación por el caso gases lacrimógenos.
“Una vez que termine esa etapa de apelación, vamos a solicitar la recuperación del dinero. Lo importante que los dos millones de dólares ya están en cuentas del Tribunal de Justicia allá en los Estados Unidos y hemos iniciado también el trámite de la repatriación de ese dinero”, dijo Siles a los medios de comunicación.
Sin embargo, la autoridad aclaró que este monto de dinero no estaba en manos o cuentas del exministro Murillo y de su exjefe de gabinete Sergio Méndez. Este monto millonario fue secuestrado de los otros coacusados de lavado de dinero en Estados Unidos.
Se conoce que la Justicia de Estados Unidos también sentenció a los empresarios Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, por el delito de lavado de dinero.
Con relación a los $us 6.2 millones, que debe pagar Murillo a Bolivia por un daño económico dentro de un juicio civil, el procurador Siles dijo que también se gestionará el desembolso de este dinero a las arcas del Estado.
El Tribunal de Circuito Undécimo para el Condado de Miami, en la Florida, ordenó a Murillo pagar a Bolivia, los $us 6.2 millones, por un daño económico dentro de un juicio civil instaurado por Bolivia.
Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones, de los cuales, según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio. Parte de ese dinero fue ingresado a Estados Unidos sin reporte legal.
El 17 de febrero de 2023, Bolivia presentó la “Tercera Demanda Enmendada contra Murillo, que plantea reclamos contra los demandados, incluido Murillo, por incumplimiento del deber fiduciario, conspiración civil, violación de la Ley RICO (una normativa contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas, que fue aprobada en 1970) de Florida, enriquecimiento injusto, gravamen equitativo, fideicomiso constructivo y violaciones de la ley boliviana”.
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