En México, las elecciones están tanto en las urnas como en la sangre. Bertha Gisela Gaytán pagó trágicamente el precio el 1 de abril, cuando fue asesinada a tiros a plena luz del día en una concurrida calle de San Miguel Octopan. Candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Celaya, en el estado de Guanajuato, acababa de iniciar su campaña electoral y aún no había obtenido protección de las autoridades a pesar de su solicitud. «Es un día triste», dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
«Cada vez más rodeadas de violencia»
Lamentablemente, este evento es sólo el ejemplo más reciente de la violencia electoral endémica que es cada vez más desenfrenada en México. En las próximas elecciones, las más cruciales en la historia del país, se votarán 20.375 cargos, incluida la Presidencia. Según un informe del think tank Laboratorio Electoral publicado el 3 de abril, desde junio de 2023, 51 personas vinculadas al proceso electoral, entre ellas 27 candidatos, ya han sido víctimas de asesinatos, una cifra revisada a la baja por el Gobierno, que sólo enumera 15 asesinatos.
A menos de dos meses de las elecciones, esta cifra supera los 24 asesinatos de candidatos registrados en 2018, lo que sugiere una elección aún más mortífera que las de 2021, en la que perdieron la vida 30 candidatos. Además, hubo 157 agresiones, 75 amenazas, 22 intentos de asesinato y nueve secuestros.
«Esto demuestra que las elecciones en México están cada vez más rodeadas de violencia», estima María Teresa Martínez Trujillo, profesora en la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey e investigadora asociada del CERI-Sciences Po que se especializa en crimen y violencia en México. «Las elecciones de 2024 serán las más violentas de la historia», advierte por su parte Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral. Según él, estas cifras van a aumentar, ya que «algunos municipios ni siquiera han comenzado su campaña todavía».
Los puestos locales son los principales blancos
Detrás de esta violencia a menudo hay organizaciones criminales que atacan a los candidatos que buscan cargos municipales: alcaldes, diputados y concejales. «El crimen organizado está tratando de ejercer influencia local matando a personas que participan en las elecciones municipales para poder postular candidatos cercanos a estas organizaciones», explica Arturo Espinosa.
Hay cerca de 2.500 municipios en el país, muchos de los cuales están coludidos con el crimen. «Estos municipios tienen a su disposición una parte mucho más accesible del presupuesto público que a nivel federal, que está más controlado», agrega María Teresa Martínez Trujillo, al tiempo que destaca el papel de las tensiones intrapartidistas en estas violencias.
Además, como lo ha demostrado el asesinato de Gisela Gaytán, el protocolo de protección presentado este año por el Instituto Nacional Electoral sigue siendo deficiente en la protección de los municipios. Si bien este mecanismo protege a los candidatos a la Presidencia, las gubernaturas, la Cámara de Representantes y el Senado, los candidatos a cargos locales sólo estarían protegidos por las agencias de seguridad estatales y municipales.
«Los protocolos protegerán a los candidatos sólo durante la campaña electoral y se detendrán tan pronto como alguien gane las elecciones», señala por otra parte Martínez Trujillo. Según la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, de las 108 solicitudes de protección, sólo 10 fueron rechazadas.
Un «peligro para la democracia»
Si bien la violencia trasciende todos los colores políticos y niveles de gobierno, se concentra más cruelmente en los estados que tienen «una larga historia de violencia y organizaciones criminales», como nos recuerda Arturo Espinosa. El estado de Michoacán ostenta el triste récord de 36 asesinatos. En el vecino estado de Guerrero, que actualmente registra 12 asesinatos y 8 agresiones, Tomás Morales Patrón, candidato de Morena a la alcaldía de Chilapa, fue asesinado a tiros el 12 de marzo. Dos días después, en Chiapas, donde el crimen organizado se ha afianzado en los últimos meses, el cuerpo del candidato Diego Pérez Méndez fue encontrado con signos de tortura.
Esta serie de muertes políticas pone en peligro la representatividad electoral en las grandes elecciones del 2 de junio. Varios candidatos ya se han retirado de la contienda, por lo que, en algunos municipios, como Chilapa (Guerrero) y Maravatío (Michoacán), el partido Morena, la principal fuerza política del país, ya no puede presentar candidatos. Un total de 34 aspirantes a cargos electivos renunciaron en Michoacán, en comparación con 13 en Chiapas y siete en Jalisco. «Es un peligro para la democracia. Uno de los elementos esenciales de una elección es la libertad de las personas que buscan obtener un cargo al que postularse», dice el director de Laboratorio Electoral.
Varios partidos políticos, como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), también se quejaron de la falta de garantías de participación para los electores. En 2021, se suspendió la votación o el escrutinio en 75 colegios electorales debido a la violencia. Los estados de Michoacán, México y Chiapas concentraron tres cuartas partes de los colegios electorales afectados. En Chiapas, los municipios de Siltepec y Honduras de la Sierra incluso se vieron obligados a cancelar sus elecciones, postergadas en 2022 en el primer caso y aún impedidas en el segundo.
La inseguridad en el centro de los programas
Para Hélène Combes, directora de investigación del CNRS y experta en partidos políticos en México, esta violencia no es nueva. «La coordinación del calendario electoral, que cada vez es más fuerte, visibiliza una violencia electoral local que antes era invisible porque estaba fuera del periodo de elecciones nacionales», considera. No en vano, recién en 2018 se armonizó el calendario electoral mexicano, con el fin de reducir el costo de las campañas y aumentar la participación. Antes de esta fecha, cada estado tenía su propio calendario electoral y el país se encontraba en una situación de «elecciones permanentes».
Esta violencia es aún más visible cuando el tema de la inseguridad está en el centro de la campaña presidencial de este año. Por un lado, la oposición apunta a los resultados del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que supera los 180.000 asesinatos según un informe de T-ResearchMx. Su candidata, Xochitl Gálvez, promete combatir frontalmente al crimen organizado, construir una cárcel de máxima seguridad y poner fin a la política de «abrazos, no balazos».
Por otro lado, Claudia Sheinbaum, candidata del partido gobernante, se jacta de haber reducido a la mitad el número de homicidios cuando estuvo al frente de la Ciudad de México entre 2018 y 2023 y se compromete a abordar las «causas de la violencia», incluso mediante el fortalecimiento de los programas sociales para los jóvenes.
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