Tras un fallo de la Corte Internacional de La Haya, el Estado boliviano deberá pagar 253.591.796 de dólares a la subsidiaria de la suiza Glencore por la nacionalización del Complejo Metalúrgico Vinto en 2007; la Planta de Antimonio Vinto en 2010, y el centro minero de estaño Colquiri en 2012, durante las gestiones de Evo Morales.
Para Rubén Darío Cuellar, analista en temas internacionales, las compañías mineras no fueron nacionalizadas si no que se trató de «un pacto de compra de activos cohesionado por el poder del Estado».
Sin embargo, el analista considera que se trató de un proceso mal llevado por el Estado y que trajo millonarias pérdidas; ante esta situación advirtió que el país continuará perdiendo demandas internacionales porque el mismo partido se mantiene en el Gobierno.
«Si hay un responsable es el MAS. Vienen más fallos que se van a activar, y en todos el resultado va a ser el mismo; mientras sea el mismo tipo de defensa y las mismas autoridades. Si Bolivia hubiera tenido una defensa profesional, objetiva y cuidadosa se hubiera minimizar el daño”, aseguró en entrevista con Que No Me Pierda.
Por su parte, Jaime Dunn de Ávila, analista económico, indicó que las medidas que tomó el Gobierno de Evo Morales, no sólo provocaron perdidas económicas, si no que las compañías extranjeras opten por evitar invertir en el país.
“En ese momento eso (la nacionalización) ayudó a ganar votos. Pero las nacionalizaciones provocaron que la inversión extranjera se aleje. Bolivia es el país que menos inversión recibe del exterior” apuntó.
Cuéllar coincidió con estas afirmaciones, y lamentó que con las medidas asumidas por los Gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), el país haya dejado de ser tomado en cuenta para futuras inversiones.
Según una relación de laudos perdidos por Bolivia, con datos de un informe escrito que fue entregado al diputado Marcelo Pedrazas, de Comunidad Ciudadana (CC), por parte de la Procuraduría General del Estado, las pérdidas del Estado boliviano suman al menos 967,77 millones de dólares por 13 demandas internacionales que fueron iniciadas en su contra.
La producción de Que No Me Pierda también convocó a autoridades de la Procuraduría General del Estado, y del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin embargo no respondieron a la convocatoria.
RED UNO
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